Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), quedó en el centro de un escándalo tras revelarse que adquirió tres inmuebles en Estados Unidos, a través de sociedades en el exterior, por más de 2 millones de dólares.
Según una investigación conjunta de La Nación, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), estas operaciones no fueron consignadas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
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El periodista Hugo Alconada Mon afirmó en una entrevista con Desde el Llano, por TN, que “Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo jefe de la DGI designado por Javier Milei, recurrió a un entramado offshore que incluye tres sociedades en paraísos fiscales para comprar activos en EE.UU., como los tres departamentos que adquirió en Miami por al menos 2 millones de dólares”.
Además, remarcó que, pese a que Vázquez tiene la obligación como funcionario público de informar a la Oficina Anticorrupción, no lo hizo. “Podríamos estar ante la situación de que el jefe máximo de los cazadores de evasores, evade”, advirtió.
Designado en octubre para combatir la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, administra dos propiedades a través de un entramado de empresas en las que participa desde hace 12 años. Una tercera propiedad fue vendida. Según la documentación disponible, estas empresas, registradas en paraísos fiscales, permanecen activas.
El entramado incluye una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), que controla otras dos compañías en Panamá. Estas, a su vez, habrían servido como vehículo para adquirir inmuebles en Miami. No hay registros oficiales que indiquen que se haya desprendido de estos activos, lo que plantea interrogantes sobre su situación fiscal.
No es la primera vez que Vázquez enfrenta señalamientos por su vínculo con paraísos fiscales. En 2011 fue denunciado por controlar, junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de Curazao con un saldo de US$442.113, fondos que presuntamente trasladó en 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.
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En aquel entonces, Vázquez no declaró esos movimientos ante el fisco argentino, lo que desató una investigación penal. Finalmente, en 2022 fue sobreseído por el juez federal Ariel Lijo, quien cerró la causa por falta de cooperación internacional de Luxemburgo, Países Bajos y Curazao para verificar la existencia de dichas cuentas.
Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar una declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Este documento debe detallar todos sus bienes inmuebles, muebles y participaciones accionarias, incluyendo los de su cónyuge.
Con 64 años, Vázquez es funcionario de larga data en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora renombrada como ARCA. Desde 1990 ha ocupado diversos roles, destacándose como referente del área de inteligencia fiscal y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, según consta en su perfil de LinkedIn. Curiosamente, su cuenta no incluye una foto de perfil.
