El Gobierno convocó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al Grupo de los Seis para avanzar en la composición de una mesa tripartita. El encuentro está previsto para este miércoles en principio y se trata del primer acercamiento entre el Ejecutivo y la central sindical tras la salida del dirigente de Camioneros Pablo Moyano.
La mesa política de Nación busca profundizar el vínculo con los dirigentes sindicales dialoguistas en medio de las tensiones con Camioneros por la advertencia de Hugo Moyano de convocar a un paro nacional. Apunta además a negociar una reforma laboral ampliada para tratar en las sesiones ordinarias durante 2025. Incluye también cambios en el régimen previsional.
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El encargado de gestionar la reunión es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. En Balcarce 50 esperan que participen el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
La Casa Rosada citó también a Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).
La reforma laboral forma parte de las propuestas que quiere impulsar el Gobierno a través del Consejo de Mayo, que busca concretar a principios de 2025. La mesa chica de Balcarce 50 busca negociar los próximos cambios en la legislación laboral con la CGT dialoguista. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabeza las conversaciones.
Apuntan a realizarle modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para incentivar la formalidad, de manera que haya más aportantes para el sistema previsional y que se amplíen las afiliaciones a los sindicatos. “Queremos establecer un sistema de acuerdo entre privados en el que no se metan más partes de las necesarias”, expresó a TN un funcionario.
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La Casa Rosada evalúa también reducir impuestos al trabajo -como las cargas sociales- y se comprometió con la central gremial a no impulsar una reforma sindical en el corto plazo. Descarta presentar un proyecto de ley con los puntos del DNU 70/23 que fueron frenados por la Justicia, como la optatividad del pago de la cuota solidaria.
Lo mismo aplica para la penalización de las asambleas de trabajadores y de las medidas de fuerza, junto con la eliminación de la ultraactividad (prórroga) de los convenios colectivos, que busca imponer los acuerdos específicos por sobre el resto. Tampoco tienen en carpeta limitar las elecciones sindicales y modificar el esquema de obras sociales.
El Gobierno ya le realizó cambios a la reglamentación de la reforma laboral que incluyó en la Ley Bases por pedido de la CGT. Los equipos técnicos de Nación y de la central sindical trabajaron el texto en conjunto.
Se trata del artículo 97 que establece que los independientes puedan contratar hasta tres trabajadores para un emprendimiento productivo sin que exista un vínculo de dependencia. Contiene el aporte individual de una cuota mensual que comprende el régimen previsional, la obra social y el seguro. Nación evitó reglamentar el artículo 94, que penaliza bloqueos sindicales.
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El Ejecutivo ya sancionó la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad como el de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y dispuso el establecimiento de un período de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho meses en casos de empresas que tengan entre seis y cien trabajadores.
La mesa chica ampliada de la CGT se reunió tras la renuncia Pablo Moyano -que fue reemplazado por Octavio Argüello- y descartó la convocatoria a un paro general. La central sindical ratificó su voluntad de dialogar con la Casa Rosada. Hugo Moyano amenazó este viernes igualmente con lanzar medidas de fuerza si no logran cerrar la paritaria con un aumento salarial del 15% para el período diciembre-febrero.
