El Gobierno impulsará dos sesiones especiales, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, en caso de que Unión por la Patria logre avanzar con la expulsión del senador Edgardo Kueider, que fue detenido en Paraguay e imputado por contrabando. “Probablemente llamemos a sesión en el mismo horario o una hora antes ese mismo día, para destituir a los otros legisladores”, indicó a TN una alta fuente de Casa Rosada. La sesión está prevista para el jueves.
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A pesar de remarcar que Kueider no pertenece a su espacio, la idea del oficialismo es evitar poner el foco en el senador de Entre Ríos, que fue clave para las sanciones de la Ley Bases y otras banderas de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación.
Las intenciones libertarias aparecen luego del pedido del bloque de Unión por la Patria en el Senado, para que este jueves a las 11 se trate la salida de Kueider. El legislador fue descubierto por autoridades paraguayas con 200 mil dólares en efectivo sin declarar. Si el peronismo logra su misión, ingresará como reemplazo Stefanía Cora, que responde al ala dura del partido opositor y fue la segunda en la lista de senadores de la provincia en 2019.
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El Ejecutivo tiene el poder de realizar el pedido de sesión especial, pero en todos los casos deberá explicar el motivo de la decisión, según los reglamentos de ambas Cámaras legislativas. “Tenemos entre 25 y 30 nombres para sugerir, todos presentan causas judiciales abiertas”, indicó un funcionario. Entre ellos, figuran Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner, Rodolfo Tailhade y Santiago Cafiero.
La postura del kirchnerismo frente a la estrategia del Gobierno
“Esto es una movida mediática para amortiguar el impacto del caso de Kueider”, dijo un sector del kirchnerismo. Y agregaron: “El legislador fue comprado por ellos (LLA), y eso va a quedar demostrado cuando no se presenten a dar quórum o voten en contra de expulsarlo”.
La respuesta que tiene en carpeta una parte de Unión por la Patria es demostrar que el oficialismo tiene “más para defender que acusar”, porque existirían otros legisladores oficialistas y dialoguistas que tienen denuncias o imputaciones.
Esta situación se da en medio de la incertidumbre por las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo asegura estar demorado en realizar el llamado para debatir fuera del periodo ordinario por “falta de consensos”. Además, hay dudas sobre si el Congreso llegará a trabajar en diciembre o volverá a abrir sus puertas en febrero.
