Javier Milei empezó su mandato hace un año con minoría absoluta en el Congreso y sin aliados. Le llevó seis meses de gestión y tres fracasos consecutivos lograr tejer alianzas y negociar acuerdos. Así, con 200 días, se convirtió en el presidente al que el Parlamento más demoró en aprobarle una ley propia.
A Eduardo Duhalde, el Parlamento tardó cuatro días en sancionarle una ley (cinco emergencias); a Fernando de la Rúa, cinco días (la autorización para salir del país); a Néstor Kirchner, 10 (la promoción del brigadier Roberto Bendini); a Alberto Fernández, también 10 (nueve emergencias y el Impuesto PAIS); a Cristina Kirchner, 11 en su primer mandato (modificación de la hora oficial), y 16 en su segundo (modificación del Impuesto a las Ganancias), a Mauricio Macri, demoraron 111 días (pago a los fondos buitre), según datos aportados a TN por la organización De qué se trata.
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Además, de los 26 proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo en el último año, apenas tres fueron sancionados. Sin embargo, la primera victoria legislativa de Milei fue la Ley Bases, con 238 artículos y un anexo, y el paquete fiscal, con 103 artículos.
Incluyen facultades delegadas y declaraciones de emergencia; privatizaciones; desregulación del Estado; el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); la reforma previsional y del monotributo social; modificaciones de leyes en materia laboral, procedimientos administrativos, trabajo e hidrocarburos; el blanqueo de capitales; la regularización de relaciones laborales y ajustes fiscales en el sector del tabaco, entre otros grandes alcances que, para otros mandatarios, hubieran significado la sanción de varias leyes.
Primer triunfo legislativo de Milei
En su primer año de gestión, el Congreso convirtió en ley tres de los 26 proyectos presentados por el Poder ejecutivo, esto es el 11,54%, y dio media sanción a otros cinco, el 19,23% (cuatro en Diputados y uno en el Senado). Del total, 18 no llegaron al recinto, es decir, el 69,2%
Para conseguir su primera victoria legislativa, Milei se vio obligado a dialogar con la oposición. Primero le confió las negociaciones parlamentarias a Nicolás Posse, pero el fracaso de la primera versión de la Ley Bases se cobró varias víctimas, y el entonces jefe de Gabinete fue una de ellas.
Posse era uno de los funcionarios más cercanos a Milei, pero dejó el cargo por “la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”, según el comunicado de renuncia. Las diferencias con el Presidente, pero fundamentalmente con su hermana, Karina Milei, eran irreconciliables.
Así, la tarea de sentarse a negociar con la oposición quedó en manos de quien era hasta ese momento su ministro del Interior y pasó a ocupar el lugar de Posse: Guillermo Francos. Un hombre de la vieja política, desplegó todo su arsenal y consiguió que el Congreso aprobara el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la reforma fiscal. Fue cobrando protagonismo también Santiago Caputo, el asesor presidencial de Milei.
El 30 de abril Diputados dio media sanción y, contra todos los pronósticos iniciales, el 12 de junio, el Senado la convirtió en ley, aunque con modificaciones, por lo que ambos proyectos fueron girados nuevamente a la Cámara baja.
Así, tras casi medio año de complejas negociaciones parlamentarias y grandes recortes, La Libertad Avanza se anotó su primer logro en el Congreso. Desde la presidencia de Fernando De la Rúa hasta la actualidad, el libertario es el mandatario argentino al que más le costó conseguir su primera ley en el Parlamento. Pasaron 200 días desde que Milei asumió hasta la sanción definitiva de una norma impulsada por el oficialismo.
Tres leyes en 12 meses
Además de la Ley Bases y el paquete fiscal, el oficialismo consiguió que el Congreso aprobara dos proyectos más: la Ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, y la creación del registro de datos genéricos, con la modificación de la Ley 26.897.
Pero también registró para su haber otros grandes triunfos parlamentarios. Por un lado, Milei consiguió que los gobernadores dialoguistas y una fracción importante del radicalismo, además del PRO, blindaran dos vetos clave para su programa de ajuste económico. El primero fue el aumento de las jubilaciones, que festejó con un asado en Olivos, con los que llamó “87 diputados héroes”, y el segundo fue el incremento de las partidas presupuestarias para las universidades públicas, cuando reservó el lugar en la mesa para los mandatarios provinciales aliados.
Además, consiguió que el kirchnerismo no obtenga el quórum para derogar el DNU que permitió reestructurar el canje de la deuda; a fuerza de alianzas quebró varios bloques parlamentarios, incluido el peronismo -que perdió tres diputados y no pudo mantener alineados a Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola en el Senado-, y frustró la sesión en la que se iban a debatir cambios en la ley que regula los decretos presidenciales.
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El costo que pagó resultó significativamente bajo para el impacto de las leyes votadas y vetadas. Los gobernadores jugaron un rol clave al mandar a los diputados sobre los que tienen injerencia a acompañar las decisiones del oficialismo. Esperaban, a cambio, que el Gobierno reactive la obra pública; que cancele la deuda por las cajas previsionales no transferidas a la Anses; que reformule los recursos transferidos a las provincias, y que modifique el proyecto de Presupuesto 2025. Nada de eso se cumplió.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) al tercer trimestre del año (último período disponible), las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales se redujeron 19% en términos reales en la comparación interanual; la obra pública sigue frenada; las deudas a las cajas previsionales se siguen acumulando, y el Presupuesto 2025 no se debatió en el Congreso y, al menos hasta el momento, no está dentro del temario previsto para extraordinarias.
