El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1083/2024, derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país.
Esta medida, que marca un giro significativo en la política territorial, responde a un largo conflicto sobre la titularidad de tierras y la suspensión de desalojos que ha generado “inseguridad jurídica” y “afectado derechos de propiedad de ciudadanos y empresas”, aseguró el Gobierno.
Leé también: Piden a la Justicia reforzar la seguridad en el Parque Nacional Los Alerces por los incendios intencionales
La emergencia, establecida originalmente por la Ley N° 26.160 en 2006, fue extendida en múltiples ocasiones, con la última prórroga a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 805/2021, que extendía la suspensión de desalojos hasta noviembre de 2025.
Sin embargo, el Gobierno considera que este estado excepcional ha derivado en abusos y violencia, provocando un aumento de los conflictos territoriales y usurpaciones de tierras, particularmente en el sur del país. De hecho, precisó que contabilizaron al menos 254 hechos judicializados relacionados con usurpaciones.
Leé también: El Gobierno anuló la entrega de tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos mapuches
El Decreto 1083/2024 plantea como prioridad el respeto irrestricto a la propiedad privada, como principio fundamental de justicia y un motor de desarrollo económico.
A través de este decreto, se finaliza la suspensión de desalojos y se declara el fin de la emergencia, lo que permitirá -según la administración de Javier Milei- el regreso de la seguridad jurídica en las tierras involucradas.