En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, y anuló la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había ratificado su destitución.
El fallo determinó la nulidad de lo actuado desde la conformación inicial del jurado que llevó adelante el juicio político, señalando que hubo graves irregularidades que afectaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la fiscal, quien meses antes había acusado al exgobernador Sergio Urribarri por corrupción.
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En mayo de 2022, Goyeneche fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, acusada de “conductas incompatibles con el ejercicio del cargo, mal desempeño, falta de objetividad y omisión de excusarse de intervenir en una causa penal en la cual había tenido ciertos vínculos con uno de los imputados y en la que solicitó su apartamiento recién cuando el vínculo tomo estado público”. Tras el rechazo a su apelación en la justicia provincial, la funcionaria recurrió a la Corte Suprema.
El máximo tribunal consideró que el Superior Tribunal provincial ignoró las impugnaciones sobre la imparcialidad del jurado, incluyendo la participación de dos miembros que ya habían intervenido en la causa penal vinculada al juicio político y la designación irregular de un fiscal ad hoc en contravención con las leyes locales.
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Aunque anuló el juicio político, la Corte aclaró que no tomó posición sobre los hechos que motivaron el proceso contra Goyeneche, limitándose a señalar vicios de procedimiento que afectaron la legalidad de su destitución.
En su ampliación de fundamentos, Ricardo Lorenzetti señaló que la Corte tiene un criterio muy restrictivo en la revisión de juicios políticos (”debe haber una afectación nítida, inequívoca y concluyente”), pero que, sin embargo, él siempre tuvo “una postura más amplia, dado que la discrecionalidad del ámbito político siempre se desenvuelve dentro de los principios del Estado de Derecho”.
“Por ello, recordó que según su criterio, basta con una lesión o grave menoscabo al debido proceso, diferente del limitadísimo criterio tradicional. Al no reiterarse la exigencia de una demostración ‘nítida, inequívoca y concluyente’, el Tribunal se está volcando a un criterio amplio en materia de revisión de juicios políticos, bastando con demostrar un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y garantía de defensa en juicio”, explicaron fuentes judiciales sobre la postura de Lorenzetti.
Goyeneche había intervenido en varias causas de alto perfil, habiendo destapado circuitos de corrupción en la política entrerriana. El llamado caso de los “Contratos de la Legislatura” reveló un entramado para extraer recursos públicos a través de lucrativos contratos de locación. Formó parte del grupo de fiscales que investigaron al exgobernador Urribarri, condenado en 2022 a ocho años de prisión.
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El exgobernador, que hasta ese momento era embajador en Israel, fue encontrado culpable del delito de negociación incompatible con la función pública. La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares, tras la investigación que lideró Goyeneche.
En el juicio se estudiaron varios casos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri o “Causa del Mercosur”, sobre contrataciones por $28,4 millones para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Según la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del exgobernador.
