Unión por la Patria busca acelerar el tratamiento de la expulsión del senador Edgardo Kueider, tras su detención en Paraguay, donde fue encontrado con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar.
Para tratar el proyecto de resolución presentado este miércoles, el kirchnerismo necesita obtener los dos tercios del Cuerpo. Así, evitaría pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales
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Los legisladores de Unión por la Patria (UxP) fundamentan su postura en el capítulo del Reglamento del Senado sobre las Facultades durante el receso, vigente tras el cierre del período ordinario de sesiones el pasado 30 de noviembre. El artículo 95 establece que las comisiones pueden reunirse y analizar asuntos de su competencia, pero aclara que solo están habilitadas a dictaminar en temas relacionados con cuestiones internas del Senado.
El bloque pedirá que el legislador entrerriano sea suspendido de su cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. De lograrlo, la misma sería encabezada por la vicepresidenta, la senadora Sandra Mendoza (UxP).
La expresidenta Cristina Kirchner calificó a Kueider como un “peronista que pasó a votar como libertario” y respaldó el pedido de expulsión presentado por senadores de su interbloque.
Desde el oficialismo, se apresuraron a desvincularse del escándalo. El presidente Javier Milei afirmó: “Lo de Kueider es un problema del kirchnerismo, no de nuestro gobierno”. En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel cargó contra Cristina Kirchner, recordando que Kueider fue electo en 2019 bajo su liderazgo: “Intentar ensuciar requiere estar limpia, y usted no lo está”.
La Cámara alta ya tiene la primera propuesta para comenzar el análisis de la situación política de Edgardo Kueider. Unión por la Patria solicita, por medio de un proyecto de resolución, la remoción del senador por la provincia de Entre Ríos, bajo los fundamentos de “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento sucedidos el 4 de diciembre, en virtud de los cuales fue demorado en la República de Paraguay, en la zona de la Triple Frontera, con más de doscientos mil dólares estadounidenses y seiscientos mil pesos argentinos en efectivo sin declarar”, señalan los legisladores Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y gran parte de UxP.
El argumento de los legisladores que comanda José Mayans fue que “estos acontecimientos no solo afectan la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes, sino que también ponen en riesgo la legitimidad moral y política de este cuerpo legislativo ante el país y el mundo”.
El artículo 66 de la Constitución Nacional le otorga la facultad al Senado de “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente”. En este caso, la remoción no es solo una posibilidad, sino “una obligación ineludible para proteger la credibilidad de nuestras instituciones”.
En otro párrafo de la iniciativa destacan: “Estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias, como ocurrió con la aprobación de la ‘Ley de Bases’. Es de público conocimiento que por su acompañamiento recibió cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ha sido propuesto para ocupar la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, promovido por funcionarios cercanos al presidente de la Nación. Incluso en la actualidad preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes del Senado de la Nación, a pesar de pertenecer a un bloque minoritario. Estas acciones no solo violan el orden jurídico argentino interno, sino que también transgreden principios fundamentales consagrados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen a los Estados adoptar medidas firmes para sancionar y prevenir la corrupción”.
El Senado en su reglamento tiene un capítulo titulado Faltas Graves, y en su artículo 204 dice que “en el caso de que un senador incurra en faltas más graves que las previstas en ese título, la Cámara -a invitación del presidente o a petición de cualquier miembro- decidirá por una votación, sin discusión, si es o no llegado el caso de usar la facultad que le da el artículo 66 de la Constitución Nacional. En caso afirmativo, el presidente nombrará una comisión de tres miembros para que proponga las medidas pertinentes”.
Los integrantes del interbloque Las Provincias Unidas, que preside Carlos Espínola y del cual forma parte Edgardo Kueider, emitieron un comunicado diciendo que “manifestamos nuestra firme voluntad a favor de que la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento. Reafirmamos que todos los funcionarios públicos de los poderes del Estado estamos obligados a someternos a la Justicia cuando lo requiera”.
La senadora Alejandra Vigo, que integra ese espacio, aclaró por las redes sociales que “se mencionó mi nombre como la supuesta acompañante del senador Edgardo Kueider al momento de ser demorado en Paraguay, aclaro que eso es absolutamente falso”.
Por su parte, el bloque del PRO -que preside Luis Juez- publicó un comunicado donde manifiestan “la firme convicción de que la justicia debe actuar con celeridad en la investigación para el esclarecimiento de los hechos. Todos los funcionarios públicos, sin excepción, tenemos la obligación de someternos a la justicia y de responder por nuestras acciones”.
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La exclusión del senador Kueider requiere el aval de dos tercios del cuerpo legislativo. Esto implica que el bloque mayoritario, Unión por la Patria (UxP), con sus 33 integrantes, necesitará sumar apoyos de otros sectores para avanzar con la medida.
Si Kueider deja la Cámara alta, será remplazado por la dirigente de la Cámpora Stefanía Cora, actual diputada provincial de “Más por Entre Ríos”, que es la denominación de Unión por la Patria en esa provincia.
Por otra parte, el Congreso se apresta a debatir diferentes proyectos en sesiones extraordinarias.
