El impacto político del caso del senador Edgardo Kueider resuena con fuerza en la Casa Rosada y el Congreso. La presunción de que el dinero incautado en su viaje a Paraguay provendría de la corrupción desató una tormenta que no solo pone en jaque su carrera política, sino que debilita también al oficialismo en un Senado donde cada voto cuenta.
Kueider, un dirigente con pasado cercano a Cristina Kirchner y Alberto Fernández, había girado este último año hacia el espacio libertario. De hecho, le dio su apoyo al Gobierno en votaciones trascendentales.
El Gobierno había propuesto a Kueider para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de Inteligencia, que finalmente no prosperó. Su rol en el empate que permitió la sanción de la Ley Base fue determinante, y su ausencia representa una pérdida que preocupa al oficialismo de cara a las sesiones extraordinarias, donde se debatirá, entre otros proyectos, la reforma laboral, una iniciativa del Gobierno que ahora enfrenta un panorama más incierto sin el voto de Kueider.
Además del impacto institucional, el caso tiene implicancias legales graves. Según trascendió, el dinero que transportaba a Paraguay estaría destinado a ser blanqueado en inversiones inmobiliarias, un esquema que, aparentemente, ya había replicado en viajes anteriores. Además, las acusaciones refuerzan la percepción de prácticas corruptas asociadas a sectores del poder político.
El escándalo pone al sector libertario en una posición incómoda, al ser Kueider un reciente aliado que ahora genera ruido dentro de la coalición.
Mientras la Casa Rosada intenta controlar los daños y reorganizar su estrategia en el Senado, la oposición también observa con cautela, consciente de que esta crisis podría redefinir las dinámicas parlamentarias en un contexto de máxima tensión política. Las próximas semanas serán clave para entender el alcance de este caso y su impacto en el tablero legislativo.
