El Gobierno denunció este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) el asedio a la embajada argentina en Caracas y pidió “determinación” para actuar ante los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el chavismo.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, dijo Mario Javier Oyarzábal, embajador argentino en los Países Bajos, durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se celebra en La Haya.
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El diplomático planteó que “tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”. “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, sumó.
“Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”, agregó Oyarzábal.
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El diplomático exhortó a la CPI “a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”. “La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, cerró.
La embajada permanece desde agosto bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre. El motivo es la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede diplomática argentina por parte de los seis venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.
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“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que ocurre hoy en la Embajada de la Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, dijo la exdiputada en redes sociales el último fin de semana.
Machado aseguró que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”.
