El bloque de Unión por la Patria en el Senado le entregó este miércoles una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para anunciarle que pedirán la destitución de cualquier juez de la Corte Suprema de Justicia que sea nombrado por decreto.
“No me sorprenden sus amenazas”, indicó Ezequiel Atauche, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) a la salida del Congreso. El legislador también aseguró que reciben amenazas de la oposición desde que asumió el Gobierno, pero “nunca cumplen con ninguna”.
La reacción del kirchnerismo responde a la intención del Ejecutivo de avanzar en los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para el máximo tribunal en caso de no ser aprobados por el Senado.
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Casi al cierre de la sesión especial de este miércoles, en la que Francos dio su segundo informe de gestión, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans. “La designación ‘en comisión’ de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”, cuestionaron.
También enfatizaron en la “gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo”, y confirmaron que los firmantes de la carta se comprometen “a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de derecho”.
En el documento, los legisladores señalaron que “el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización está dispuesta en la Sección Tercera del texto constitucional, es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99″.
Estos artículos, explicaron, “establecen el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta inaplicable para estos casos”.
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El bloque de Unión por la Patria argumentó su postura en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, el cual establece que “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
