Alberto Fernández declaró este miércoles ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la contratación irregular de seguros para organismos del Estado. En un escrito presentado en Comodoro Py, el expresidente se defendió e hizo hincapié en la legalidad del polémico decreto 823/2021, que estableció nuevas normativas sobre la contratación de pólizas durante su gobierno.
“No comprendo los cargos que me formulan”, comenzó su escrito el acusado, quien señaló que “la acusación carece de fundamento” y que se trata de una “cuestión política”, no penal. No quiso responder preguntas del fiscal, del juez, y solo se limitó a contestarle a su abogada defensora, Mariana Barbitta.
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Previamente, el exmandatario quiso suspender la indagatoria, pero la Justicia lo rechazó. Aun así, adelantó que insistirá en su pedido. “Este acto es nulo porque no cumple con los requisitos procesales establecidos. Ya pedí la nulidad de la declaración indagatoria, y aunque fue rechazada rápidamente, apelaremos esta decisión”, sostuvo.
Uno de los puntos más controversiales de su declaración fue la acusación de imparcialidad que Fernández lanzó contra el juez Julián Ercolini, encargado del caso por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. “No considero imparcial a este juez. El juez y yo sabemos por qué no existe imparcialidad de su parte”, afirmó.
Un sistema de seguros histórico y el contexto del decreto de la polémica
En su defensa, Fernández explicó que durante más de cuatro décadas, el Estado Argentino se encargó de asegurar sus empresas a través de una empresa estatal, La Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y el Instituto Nacional de Reaseguros, hasta que ambos fueron privatizados en los años 90. Desde entonces, las contrataciones se realizaron a través de empresas privadas, lo que favoreció, según su argumento, un sistema de “cartelización” que perjudicaba los intereses del Estado.
“Cuando asumí en 2019, el sistema financiero estaba en ruinas, y la Argentina atravesaba una grave crisis económica. En ese contexto, dicté el decreto 823/2021, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y evitar que el Estado continúe pagando primas a empresas privadas que no favorecían los intereses nacionales”, explicó el mandatario.
En uno de los pasajes más importantes de su declaración, Fernández detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. “Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, aseguró el expresidente.
Según él, el decreto estableció que todos los seguros contratados por el Estado debían ser dirigidos a Nación Seguros, la aseguradora estatal, para reducir la salida de divisas al exterior y evitar la contratación de intermediarios privados, lo que permitía, de acuerdo a la versión de Fernández, “una mejor gestión de los recursos fiscales”.
Fernández negó que hubiera existido corrupción o irregularidades en la implementación del decreto y refutó las acusaciones sobre los asesores de seguros. “El objetivo del decreto era eliminar un sistema de cartelización corrupta que venía operando en el sector asegurador del Estado”, sentenció.
El caso de ANSES y las denuncias por sobreprecios
Otro de los puntos clave del escrito fue la explicación sobre el seguro otorgado por Nación Seguros para cubrir los créditos otorgados a jubilados y pensionados de ANSES. Fernández recordó que, en 2018, Nación Seguros dejó de asegurar esos créditos debido a las pérdidas, pero que en 2021, cuando se retomaron los préstamos, el riesgo de asegurar las vidas de los jubilados era “considerablemente más alto” debido al “contexto de la pandemia”.
Sobre las acusaciones de sobreprecios, subrayó que el riesgo de aseguramiento era elevado en ese momento y que, para mitigar las pérdidas, Nación Seguros decidió coasegurar el riesgo con otras empresas del sector. “El coaseguro es una práctica habitual en el mercado asegurador, y no se trata de una subcontratación, como se pretende hacer ver”, indicó.
“¿Por qué digo que autoricé expresamente que Nación Seguros pueda coasegurar? Porque los riesgos del estado son muy variados y pueden ser muy altos, y una empresa puede no soportarlos. El coaseguro permite distribuir riesgos entre varios”, sostuvo.
“La prima, que es el precio, que el Estado paga a Nación Seguros incluye el costo que representa un asesor de seguros. Con lo cual, si para asegurar a un Ministerio, se pagan $ 100, le va a cobrar $ 100 tenga o no un asesor, y si requiere un asesor, va a seguir pagando $ 100. ¿Quién le paga? Nación Seguros, que ya lo tiene previsto en su costo”, detalló.
“Marco esto porque la intervención de productores no genera una erogación del erario público, y sí una ganancia por su intervención”, justificó.
La relación con los involucrados: Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero
A lo largo de su escrito, el expresidente también defendió su relación con Héctor Martínez Sosa, uno de los principales acusados en la causa de los seguros. Aseguró que su vínculo con el bróker siempre fue de amistad y negó que hubiera existido algún tipo de favorecimiento o irregularidad en las contrataciones.
“Conozco a Martínez Sosa y he tenido una relación de afecto, pero jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros”, señaló.
“Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, sostuvo.
“Cuando yo llegué al mercado de seguros, como Superintendente, Martínez Sosa era el bróker más grande de Argentina, y hoy debe serlo, es una empresa que tiene más de cincuenta años, la inició su padre”, agregó.
“Héctor Martínez Sosa tuvo seguros con el Estado en todos los tiempos y con todos los gobiernos. Debo confesar que Martínez Sosa se quejaba de que le iba mejor con Macri que conmigo, cosa que me enaltece”, reveló.
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Respecto a las conversaciones que fueron incluidas en el expediente y que surgen de las pericias a los celulares secuestrados en la causa, sostuvo: “No conozco los chats de ninguno de esos teléfonos que se mencionan. Con Martínez Sosa no sé cuántos chats pude haber cruzado en esos cuatro años, deben ser muy pocos”.
“He visto un chat donde Martínez Sosa le pedía a su esposa que le consiga una entrevista conmigo. Es posible que ese chat haya existido, y es muy posible porque realmente tuve muy poco vínculo con Martínez Sosa en esos años, al punto que le pedía a mi secretaria una audiencia”, mencionó.
También habló de un chat que le habría enviado María Cantero, relacionado con un seguro de riesgo de trabajo en la Cancillería. Alberto Fernández explicó que no recordaba los detalles, pero sí el episodio que lo originó.
“Faltaba muy poco tiempo, nueve u ocho meses para dejar el gobierno, y me anoticio de que en la Cancillería querían cambiar al asesor de seguros. Entonces lo llamé al Canciller, y le pregunté si tenía algún problema con los seguros, porque estaban pidiendo un cambio de asesor. ‘Yo no pedí nada’, me dijo Santiago Cafiero. Y le dije ‘fijate, porque algún pícaro debe estar queriendo hacer un negocio’”, sostuvo.
El acusado explicó que su intervención se debió a la sospecha de que alguien estaba intentando sacar ventaja al cambiar un asesor sin justificación. “El negocio era cambiar el asesor de seguros cuando nunca habían tenido un problema, para sacar alguna ventaja. Mi intervención fue por un seguro de Provincia ART, no tenía nada que ver con Nación Seguros. Después no recuerdo otros chats”, puntualizó.
Por último, Fernández concluyó su defensa afirmando que “el decreto 823 fue una medida política destinada a mejorar la eficiencia del Estado, y no debe ser objeto de judicialización. Jamás me consultaron sobre asesores de seguros ni he tenido conocimiento de lo que algunos funcionarios hayan hecho en su gestión”.
