Este jueves, por iniciativa del diputado Cristian Ritondo (PRO), ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca resolver uno de los grandes problemas que tiene el sistema de los seguros en el país: el fraude.
En concreto, el proyecto propone una modificación del Código Penal con el objetivo de sancionar con penas de entre cuatro y seis años de prisión a quienes cometan fraude en perjuicio de aseguradoras, reaseguradoras o asegurados.
La iniciativa -que cuenta con el respaldo de 14 legisladores y tuvo un fuerte impulso por parte del empresario del sector, Gabriel Bussola-, pretende disminuir la simulación de accidentes y siniestros para reclamar indemnizaciones.
Este tipo de prácticas, que incluyen desde denuncias falsas hasta la emisión de documentación fraudulenta por parte de talleres y profesionales, genera un impacto económico significativo.
Según estimaciones, casi la mitad de las indemnizaciones pagadas en la Argentina están vinculadas a casos de fraude, lo que eleva el costo de las pólizas para los usuarios honestos.
El texto busca reformar al artículo 174 del Código Penal, que actualmente sanciona este delito con penas excarcelables de hasta dos años.
La nueva redacción estipula que “sufrirá prisión de cuatro a seis años quien, con la intención de obtener un beneficio indebido, cometa fraude en perjuicio de aseguradoras o asegurados, mediante simulación de siniestros, destrucción intencional de bienes asegurados, uso de documentación falsa u otros engaños”.
Ese artículo también incluye otros delitos penados con esos años, como hacer firmar documentos a menores de forma maliciosa, “al empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere, en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado” y el que cometa fraude a la administración pública, entre otros casos.
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Además de castigar a quienes ejecutan el fraude, el proyecto busca proteger a los asegurados que actúan de buena fe y mejorar la sostenibilidad del sistema.
“La disminución de estas prácticas fortalecerá la solvencia de las compañías y permitirá reducir los costos de las pólizas para los usuarios”, señaló uno de los impulsores de la iniciativa.
El proyecto también cuenta con el apoyo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y propone un enfoque integral para reducir las maniobras fraudulentas que afectan al sector.
Según los considerandos del texto, el fraude incluye la escenificación de accidentes, la emisión de certificados médicos falsos y la multiplicación de reclamos ante varias aseguradoras, entre otras tácticas.
