La Justicia de Entre Ríos resolvió que el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción, siga detenido. Así lo confirmó la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, en una audiencia que se llevó a cabo este miércoles de forma virtual. La defensa había presentado un recurso de habeas corpus para que lo dejaran en libertad.
Urribarri fue sentenciado a ocho años de cárcel en 2022, tras ser encontrado culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esta semana, la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná había solicitado la inmediata detención con prisión preventiva por peligro de fuga y riesgos procesales, tras un pedido de la fiscalía que investigó el caso.
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Para los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, “quedaron comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
La defensa de Urribarri recurrió nuevamente a la Justicia para que el exgobernador sea liberado, ya que la condena aún no está firme y alegaron que la detención era “arbitraria”. Lo hizo a través de una acción de habeas corpus que tuvo que ser evaluado por el Juzgado de Garantías.
Sin embargo, según concluyó la jueza Bacaluzzo este miércoles, la presentación “no se corresponde y no es idónea” para este caso, ya que esta acción solo “protege a personas detenidas de forma ilegal”.
También advirtió que las juezas de Casación “definieron según su criterio” y “pueden compartir o no los fundamentos de la sentencia dictada”, pero “no se trata de un acto ilegal o un fallo dictado por juezas que no tenían competencia en esta causa”.
La causa de corrupción contra el exgobernador Urribarri
Entre los hechos juzgados, en 2022 se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se hizo en Paraná en 2014.
Quedó probado además que esas y otras contrataciones, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tuvieron por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
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El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
El exministro Pedro Báez también fue condenado a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador, Hugo Marsó, fue absuelto.
