A través del decreto 1018/2024, el Gobierno ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Público creado para administrar el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el cual ofrecía financiamiento para la construcción y adquisición de viviendas familiares.
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a la reducción de la intervención estatal en la construcción de viviendas, una actividad que, según los fundamentos del decreto, corresponde al sector privado.
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El Procrear se creó en 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única, familiar y permanente, especialmente para sectores de menores ingresos. Sin embargo, tras más de una década de actividad, el programa ha sido señalado por el Ministerio de Economía como una “pesada carga para las cuentas públicas”, con deficiencias de transparencia y eficiencia en su gestión.
Entre los problemas detectados en el informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se destacan los retrasos en la entrega de viviendas, sobrecostos de mantenimiento y la falta de condiciones de habitabilidad en algunas unidades entregadas.
En el decreto, el Ejecutivo reconoce que “no es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”.
Sin embargo, aclara que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.
Cambios en la política de vivienda y financiamiento
La decisión de disolver el fondo se enmarca en la Ley N° 27.742, que autorizó al Ejecutivo Nacional a liquidar fondos fiduciarios como parte de una estrategia para optimizar la administración pública, disminuir el déficit y mejorar el control del gasto.
Desde la Casa Rosada argumentaron que la baja de la inflación y las reformas en el sistema financiero permitirán a los bancos ofrecer créditos hipotecarios accesibles, sin la necesidad de un fondo estatal de vivienda.
El rol del Banco Hipotecario y la transferencia de bienes
Para la liquidación de activos del Procrear, el decreto autoriza al Ministerio de Economía a celebrar contratos con el Banco Hipotecario, que continuará gestionando los créditos actuales en las mismas condiciones.
Además, los inmuebles no asignados a obras en curso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras otros activos podrán ser cedidos a provincias y municipios, lo cual permitirá a los gobiernos locales administrar los recursos de manera autónoma.
Qué son las hipotecas divisibles
A través del decreto 1017/2024, el Gobierno también dispuso la implementación de “hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común”.
El Ejecutivo fundamentó la iniciativa en que “el crédito hipotecario constituye un instrumento fundamental para el acceso a la vivienda, para el desarrollo de la inversión privada y para impulsar la reactivación económica y productiva en el territorio nacional”.
Las hipotecas divisibles son un tipo de crédito inmobiliario que permite que tanto la deuda original como su garantía se dividan en partes independientes. Este tipo de hipoteca se aplica frecuentemente en proyectos como edificios o complejos de viviendas, facilitando que cada unidad tenga su propia porción de hipoteca.
Con este mecanismo, en lugar de vender una propiedad con toda la deuda hipotecaria asociada, puede dividirse en unidades que asuman porciones de la deuda. Esto “facilita la venta de estas nuevas unidades sin necesidad de cancelar la hipoteca en su totalidad”.
