El Gobierno salió al cruce tras el rechazo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a las auditorías. “Violan los derechos de los estudiantes”, afirmó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.
“Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la SIGEN hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la SIGEN de algunas auditorías. En la Universidad Nacional de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades”, dijo el funcionario.
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Álvarez defendió la intervención del Poder Ejecutivo en la educación superior, criticada por la casa de estudios. “Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió. Se dan clases”, dijo en declaraciones a radio Mitre.
El funcionario abundó: “Todos lo financiero está ejecutado en las universidades públicas. La recomposición salarial no está en el presupuesto. No entiendo dónde recortamos fondos”.
La UBA rechazó las auditorías impulsadas por el Gobierno al argumentar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) busca ejercer un control que excede sus competencias. En respuesta, Javier Milei lanzó una frase tajante: “Están sucias”.
“La autonomía protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno”, explicaron desde la institución a través de un comunicado.
También indicaron que la iniciativa de la SIGEN pone en riesgo la libertad de cátedra, un principio fundamental de la educación universitaria, y representa una interferencia que podría limitar el contenido de lo que se enseña y aprende en las universidades públicas.
En ese sentido, para garantizar la transparencia de sus procesos, la UBA anunció una convocatoria a nivel nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.
En el documento titulado “SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas”, la institución destaca que “ya cumple con las auditorías establecidas en la legislación vigente”, y que es “una de las entidades públicas más fiscalizadas de la Argentina”.
Además, explicaron que se solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, su inclusión en el Plan de Auditoría de 2025, en continuidad con los procesos de revisión.
Este paso, según argumenta, busca brindar transparencia y acceso público a toda la ciudadanía, en un contexto en el que el respeto a la autonomía universitaria se vuelve fundamental frente a las acusaciones de falta de claridad en el uso de los recursos económicos.
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A su vez, la institución también señaló que, conforme al artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, “la SIGEN solo tiene competencias sobre entidades dependientes del Poder Ejecutivo, no sobre universidades nacionales”.
Desde la UBA también plantean que las acusaciones de falta de transparencia esconden un “ataque ideológico contra la naturaleza de la universidad pública y gratuita en el país”.
