Un concejal de Goya, Corrientes, fue sentenciado a 13 años de prisión por haber abusado sexualmente de tres mujeres. Según se comprobó en el juicio, Guillermo Américo Córdoba se aprovechó de las beneficiarias de planes sociales, a quienes presionaba para tener relaciones sexuales y las amenazaba con cortarles la ayuda económica.
A pesar de la condena, el miembro del Movimiento Evita permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme. Hasta el momento, el Concejo Deliberante no se manifestó al respecto.
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Las acusaciones contra Córdoba surgieron de tres beneficiarias de planes sociales que estaban bajo su supervisión. Durante el juicio, una de las víctimas reveló que alrededor de 30 mujeres más habían atravesado experiencias similares, pero muchas no se atrevieron a denunciar por miedo.
Córdoba asumió su cargo en diciembre del año pasado como parte del Partido Justicialista (Unión por la Patria). Anteriormente, había sido delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, posición que aprovechó para cometer los delitos.
Los abusos, según comprobó la Justicia, ocurrieron entre 2022 y 2023, cuando las víctimas eran citadas fuera del horario laboral y presionadas para mantener relaciones sexuales, bajo la amenaza de perder sus planes sociales.
Una de las denunciantes enfatizó que “se conoce que al menos 27 compañeras de trabajo han vivido situaciones similares, pero muchas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y saben que, sin ese ingreso, no pueden subsistir”.
Tras la denuncia a Córdoba, el fiscal Juan Carlos Castillo pidió la prisión preventiva, pero un Tribunal de Revisión en Mercedes lo liberó tres días después.
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A pesar de la gravedad de los testimonios y las acusaciones, el concejal continuó asistiendo a sesiones, incluso después de que se confirmara su responsabilidad en los abusos.
Este martes, los jueces Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carbajal informaron a Córdoba sobre la pena que deberá cumplir una vez que la sentencia quede firme. Uno de los jueces pidió su detención inmediata, mientras que los otros decidieron mantenerlo en libertad, con la restricción de acercarse a las víctimas.
Durante el juicio, se pidió una pena de 18 años, aunque finalmente se fijó una pena de 13 debido a que el Tribunal desestimó otros cargos por falta de pruebas.
