Hacia el sur, pasando el puerto, se abre una postal que permanece inmutable desde hace más de 40 años. Punta Mogotes, el icónico complejo de 24 balnearios a lo largo de tres kilómetros de costa, vuelve a ser escenario de un conflicto entre Mar del Plata y la gobernación bonaerense, ahora con más fuerza que antes.
Desde 1984, tres años después de su inauguración, estas playas que reciben a millones de turistas cada verano son también escenario de un complicado vínculo entre el distrito y la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces, la gestión del complejo fue cedida por el municipio a partir de una deuda que mantenía con la administración provincial. En adelante, Mar del Plata nunca pudo recuperar el control de Punta Mogotes.
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Durante la última semana, el intendente Guillermo Montenegro (PRO) denunció que el gobernador Axel Kicillof rechazó el pago de la irrisoria deuda que -sostienen desde el municipio- le permitiría a Mar del Plata retomar la gestión del complejo. Un total de $14.069.819 partieron desde las arcas comunales rumbo a las cuentas de la provincia. Sin embargo, la gobernación desestimó el pago por falta de competencia legal por parte del distrito más poblado de la Quinta Sección Electoral.
“La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar”, afirmó Montenegro. Y siguió: “Firmé un decreto para proceder a la modificación presupuestaria correspondiente y, de esa manera, realizar la consignación judicial de la deuda”.
“En adelante, esto sigue en la Justicia”, advirtió Alejandro Rabinovich, jefe de Gabinete de General Pueyrredón, en conversación con TN.
Mar del Plata, cabecera del partido, tiene tres “islas” de jurisdicción provincial: Punta Mogotes, el puerto y la rambla. La Administración Punta Mogotes (APM) es la sociedad en la que se anida el conflicto entre el municipio y la Provincia. Fue creada hace cuatro décadas en reemplazo de Proyectos Especiales Mar del Plata Sociedad del Estado, lanzada por el gobierno de facto en 1979, cuando comenzó a levantarse el complejo que fue inaugurado para la temporada de verano de 1981.
Durante la construcción de Punta Mogotes, la comuna contrajo una deuda con el Banco de la Provincia de Buenos Aires que finalmente fue asumida por el gobierno bonaerense. De allí surgió la APM, ente interjurisdiccional a través del cual la provincia se reservó el 70% de participación en el control del complejo. Mar del Plata, con el 30% restante, no tiene injerencia sobre las decisiones que afectan a esos tres kilómetros de playa.
“Tenemos que pagar 72 mil pesos por año hasta 2060 y no nos dejan cancelar la deuda″
“Punta Mogotes es administrado desde La Plata por gente que no es marplatense y no conoce la realidad de nuestros vecinos. No hay que olvidarse que, además de ser un complejo, es un barrio”, remarcó Rabinovich, y sumó un planteo sobre la deuda: “El convenio implica que tengamos que pagar $72 mil por año hasta 2060, según nuestros cálculos, sin que exista la posibilidad de cancelar el saldo por adelantado”.
Detrás de la puja por el control de sus playas, asoma un proyecto. “En 2026 vence el plazo de las concesiones (de los balnearios) y vamos a trabajar en un nuevo esquema integral público-privado. Nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses”, planteó Montenegro.
Y profundizó: “Quiero que Punta Mogotes deje de ser un lugar lleno de carpas, abandonado, estancado y triste. Quiero que vuelva a brillar, a generar inversiones, a mejorar infraestructura, a tener movimiento durante los 12 meses del año y, fundamentalmente, generar trabajo de calidad para los marplatenses”.
“Punta Mogotes está pensado para un turismo de tres meses que ya no existe. Ahora hay turismo de cinco, seis días y tenemos que pensar en ese turismo. Ellos (la gobernación) siguen atornillados al esquema de carpas”, agregó.
“Los contratos son hasta 2026. Tenemos todo el año que viene para trabajar en un plan de integración por un lugar integrado al barrio, con más verde y menos cemento. Son los conceptos que vamos a desarrollar con la Universidad de Mar del Plata y el Colegio de Arquitectos”, cerró.
La gestión de Montenegro se ampara en la cláusula número 17 del convenio de creación de la Administración Punta Mogotes que determina que, una vez saldada la deuda, el contrato fijado a través de la Ley N°10.233 podrá rescindirse.
La Provincia, que a lo largo de los años resistió sucesivos intentos de gobiernos comunales de distinto color político por romper el acuerdo, lo desconoce. El conflicto, esta vez, parece inevitablemente destinado a dirimirse en la Justicia.
La respuesta del Gobierno bonaerense: “La deuda es del ente, no del municipio”
“La deuda es del ente Administración Punta Mogotes, no del municipio. Mar del Plata no tiene competencia administrativa para asumir la deuda, ni puede subrogarse el ejercicio de las obligaciones de la APM”, afirmó Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo del gobierno de Kicillof, ante la consulta de TN.
Y continuó: “Las costas de todos los territorios son de la provincia, y en la década del 70 se les cedió el uso a todos los municipios que poseían salidas al agua. Esto aplica tanto al mar como al río, pero en el caso del complejo Punta Mogotes se creó un ente con su respectiva Carta Orgánica. De hecho, todas las demás playas las concesiona Mar del Plata a su antojo”.
Según la funcionaria bonaerense, la puja por asumir el control de Punta Mogotes “es solo una intención de Montenegro de rivalizar con el gobernador. No es un tema relevante para los marplatenses”.
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“No necesitamos de esto para rivalizar con Axel. (Gustavo, intendente entre 2007 y 2015 por el partido vecinal Acción Marplatense) Pulti en su momento lo planteó, (Fernanda, excandidata a intendenta por el kirchnerismo y exfuncionaria de Kicillof) Raverta durante su campaña también lo planteó. No es un tema de Montenegro”, respondió Rabinovich.
Según el senador provincial, “lo que sucede también es que la Administración Punta Mogotes es un raviol de designación de cargos”. Y concluyó: “Cuando les comentamos nuestra iniciativa a la Gobernación, el planteo fue qué pasaría con las personas que trabajan ahí. Ellos tienen entre 35 y 40 empleados en la APM”.
