Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno derogó este miércoles el DNU 823/21, que se había dictado en la presidencia de Alberto Fernández, que obligaba al Estado a contratar pólizas con Nación Seguros y que derivó en un caso de presunta corrupción.
El artículo 1º de aquel decreto, publicado el 2 de diciembre de 2021, establecía que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A.
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Esta medida desató el reciente escándalo por presunta defraudación al Estado por parte del expresidente Alberto Fernández en la contratación de seguros durante su mandato.
El decreto 747/24, que deroga el DNU de Fernández, establece en su artículo 6º que “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán rescindir, en un plazo no mayor a un año desde la entrada en vigencia del presente decreto, todos los contratos y convenios que dispongan ventajas u otorguen preferencias o beneficios”.
El decreto, que también lleva la firme del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también eliminó la disposición de que los sueldos de empleados públicos tengan que ser pagados por el Banco Nación, que los viajes de funcionarios sean únicamente por Aerolíneas Argentinas y que la nafta de los autos oficiales solo se cargue en YPF.
Cuáles son las acusaciones contra Alberto Fernández en la causa de los seguros
La causa empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
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“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras”, dice el documento al que accedió TN.
Al tratarse de organismos estatales, el juez Julián Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
La pericia oficial del teléfono de María Cantero, exsecretaria presidencial, secuestrado por la Policía Federal en marzo, indicó que ella y Héctor Martínez Sosa, su martido, utilizaron sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.
Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales. Al parecer, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.
