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    El Gobierno oficializó el decreto que permite rescindir contratos de la obra pública

    La nueva norma se publicó este lunes en el Boletín Oficial y habilita al Ejecutivo a dar de baja los acuerdos firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Se compromete además a financiar proyectos con un grado de avance del 80%.

    Ignacio  Salerno
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    Ignacio Salerno

    12 de agosto 2024, 00:34hs
    Javier Milei en un acto de campaña (Foto: prensa LLA).
    Javier Milei en un acto de campaña (Foto: prensa LLA).
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    Javier Milei ya firmó el segundo decreto que reglamenta la Ley Bases, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Se trata del Título III, que contiene modificaciones en la Ley de Obra Pública (17.520) y cambios en el régimen de contratos y transacciones.

    El primer artículo habilita al Gobierno a rescindir contratos de obras públicas y de prestación de servicios que hayan sido firmados antes del 10 de diciembre de 2023, junto con los proyectos que representen un valor mayor a $10.000 millones.

    Leé también: La reacción de Javier Milei ante la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: del silencio inicial al pedido de sus ministros

    Excluye de la intervención del Ejecutivo a las obras públicas con un grado de avance del 80% y a las que cuentan con financiamiento internacional. Establece un plazo máximo de noventa días para que los proyectos se pongan en marcha.

    La Casa Rosada deberá además contar con dictámenes favorables de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Procuración del Tesoro -que preside Rodolfo Barra- para avanzar en futuros acuerdos transaccionales.

    Javier Milei, junto a sus ministros, en reunión de gabinete (Foto: prensa Gobierno).
    Javier Milei, junto a sus ministros, en reunión de gabinete (Foto: prensa Gobierno).

    El segundo capítulo del decreto modifica la Ley 17.520, que le da la facultad al Gobierno de otorgar concesiones de obras públicas a sociedades privadas o mixtas y a entes públicos. Reconoce además el cobro de tarifas y peajes para la prestación de servicios públicos.

    Determina que las concesiones se entregarán a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales y establece que el financiamiento debe ser privado. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo.

    Leé también: El Gobierno postergó el plan para liberar a los asilados venezolanos de la embajada argentina en Caracas

    Elimina también los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 de la aplicación de la nueva norma. El primero fija que “en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley”.

    El segundo mantiene derogadas “todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios”.

    El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto).
    El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto).

    El Gobierno eliminó además el fondo que controla las concesiones, que se creó en la Ley de Obras Públicas (17.520). Se financiaba con los aportes del 0,5% de la recaudación de peajes y tarifas en las obras ejecutadas y con el 1% de las ventas de terrenos e inmuebles o locaciones que realicen los entes concesionarios.

    El decreto habilita que las bases de la contratación puedan constituir una sociedad anónima de propósito específico. Se trata de un vehículo de inversión empresarial y se respalda en la Ley General de Sociedades.

    Leé también: Fabiola Yañez se reúne con su abogada en Madrid para definir su declaración en la causa contra Alberto Fernández

    La Casa Rosada solo podrá ceder el contrato a un tercero una vez que la obra cuente con el 20% del plazo original o de la inversión comprometida. Deberá contar con un dictamen del órgano que ejerza el control de la ejecución de la obra.

    La norma establece la obligación de obtener la aceptación de los financistas, fiadores, garantes y avalistas junto con la autorización de la administración. Habrá paneles técnicos también que podrán intervenir y resolver controversias dentro de la ejecución de cada contrato.

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