Los movimientos sociales del peronismo, la izquierda y el sindicalismo volvieron a mostrarse juntos en la movilización de este 7 de agosto por San Cayetano. No se trató de una marcha más y tuvo un objetivo concreto: mostrar poder de fuego en pleno avance de la investigación por el fraude millonario con los planes sociales.
Desde las 10:00 se realizó la peregrinación por Avenida Rivadavia, que recorre Avenida de Mayo hasta llegar a la Plaza de Mayo. A partir del mediodía la UTEP y la CGT se concentraron frente a la Casa Rosada. Justamente el epicentro fue la Plaza de Mayo, donde se encontraron los sectores opositores al gobierno de Javier Milei.
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La convocatoria realizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) excede la preocupación de los dirigentes sociales en el plano judicial, y fue justo ese detalle lo que les aseguró a los movimientos la participación de la CGT y las dos CTA, además de agrupaciones universitarias.
Los movimientos sociales que integran el denominado Grupo San Cayetano como el Evita, el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y Barrios de Pie también estuvieron presentes.
“La Argentina está sufriendo como nunca un proceso de hambreamiento de nuestro pueblo. El 20% de indigencia demuestra que contra la ganancia de los poderosos de este país, contra la renta extraordinaria, del otro lado de la moneda está esto, el hambre, la indigencia, la falta de empleo, la falta de asistencia social”, expresó el secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky.
En esa línea, insistió: “El gobierno aplica una política despiadada de ajuste y lo hace de una manera que muestra la insensibilidad de los que quieren convertir la Argentina en una tierra de beneficios para los que tienen la riqueza y de dolor para los que viven en la pobreza”.
También se manifestó el titular de ATE Capital, Daniel Catalano: “Marchamos por Paz, por Pan, por Trabajo, para que el Estado siga siendo el Estado que supo generar políticas inclusivas”.
“Para que los jubilados puedan tener la posibilidad de organizar su vida, para que puedan comer dos veces al día, pagar sus remedios, pagar su alquiler. Para que no haya ningún pibe por abajo de la línea de pobreza. Marchamos porque creemos que todavía la Argentina puede salir adelante”, sostuvo.
En tanto, la UTEP posteó: “Otra vez miles de trabajadores/as llenamos las calles contra las políticas de hambre de este gobierno. En un país con 55% de pobreza, seguimos exigiendo respuestas para quienes más lo necesitan”.
La semana anterior, el mismo día en que decidió sumarse a la movilización, la Comisión Directiva de la central obrera rechazó participar de una mesa de negociación con el Gobierno y empresarios.
En la última semana, el juez federal Sebastián Casanello procesó por defraudación al Estado a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo a empresas fantasma a través de facturas truchas. A su vez, el fiscal Gerardo Pollicita intenta reunir pruebas para citar a indagatoria a Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita.
Amén de la continuidad del reclamo al Ministerio de Capital Humano por la entrega de alimentos a comedores y la advertencia de una conflictividad social en ascenso, se espera que en el acto de cierre en la Plaza de Mayo haya una mención a la investigación de la Justicia federal.
“Se abre una nueva etapa de resistencia al Gobierno”
Por su lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para acompañar a la movilización. “El 7 de agosto nos tiene que mostrar que se abre una nueva etapa de resistencia al gobierno de (Javier) Milei. Los estatales salimos a la calle y en todo el país para reclamarle al Presidente que nos está quitando el pan y el trabajo”, había asegurado Rodolfo Aguiar, líder del gremio, en declaraciones a AM 750 el último sábado.
“Este país no es el mismo del año pasado. Han destrozado a la gente. La UCA (Universidad Católica Argentina) mide un 55% de pobreza y un 17% de indigencia. No es un número frío, sino que son personas de carne y hueso que no la están pasando bien”, amplió.
La movilización fue una nueva prueba al protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. A fines de junio, cuando la Ley Bases fue sancionada en el Congreso, la protesta terminó con 16 detenidos, dos de los cuales todavía siguen tras las rejas.
“Infundir miedo y la estrategia de generar temor dio sus frutos. Hay gente presa por el simple hecho de protestar”, planteó Aguiar en alusión a ese episodio, y aseguró: “El 48% de los empleados estatales votó a Milei. La mitad de ellos hoy están arrepentidos”.
