Desde el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley de Seguridad Interior, por el que se incorpora la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo, que se suma a las opciones ya existentes previstas en la sanción del Congreso del año 1991.
Fuentes oficiales adelantaron que el ministro Luis Petri concurrirá mañana a las 17 a la Comisión de Defensa, que preside el diputado Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), a defender la propuesta.
Leé también: Semana tensa para el oficialismo en Diputados, con los cargos de la AGN y la visita a represores en agenda
El proyecto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, de Defensa y de Seguridad, respectivamente.
“La citada norma dispuso dos escenarios para la intervención de las FFAA. El primero establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad, y el segundo regula el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio, para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, detalla el proyecto.
Qué dice el proyecto sobre las FFAA
La iniciativa establece que el ministerio de Defensa, si lo pide el Comité de Crisis, puede ordenar a las Fuerzas Armadas que ayuden a las fuerzas de seguridad. Este apoyo incluiría servicios como arsenales, sanidad, construcciones y transporte, entre otros. También, un representante del Estado Mayor Conjunto participaría en la planificación y control de estas operaciones.
En situaciones extremas donde se declare el estado de sitio, las Fuerzas Armadas también ayudarían a restablecer la seguridad interior si el Presidente lo considera necesario.
El proyecto indica que, si el personal militar debe usar fuerza, deberá hacerlo de manera racional y proporcional, agotando primero todas las opciones de disuasión. En estos casos, su acción será considerada en cumplimiento del deber y no será punible según el Código Penal.
“Su accionar será calificado en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal de la Nación, que se refiere en su título V sobre la imputabilidad y quienes no son punibles”, detalla el articulado.
El Poder Ejecutivo toma como ejemplo que muchos países, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Israel, Turquía, India, España y Australia, permiten que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el terrorismo.
El proyecto también menciona que la OTAN en su “Concepto Estratégico 2022″ reconoce al terrorismo como una amenaza seria para la seguridad y destaca la necesidad de combatirlo debido a la creciente capacidad y alcance de los grupos terroristas.
“El terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es la amenaza asimétrica más directa para la seguridad de nuestros ciudadanos y para la paz y la prosperidad internacionales. El objetivo de las organizaciones terroristas es atacar a los Aliados o inspirar ataques contra ellos. Han ampliado sus redes, mejorado sus capacidades e invertido en nuevas tecnologías para aumentar su alcance y letalidad. Los grupos armados no estatales, entre ellos las redes terroristas transnacionales y los actores apoyados por el Estado, siguen aprovechando los conflictos y la debilidad de la gobernanza para reclutar, movilizar y ampliar sus posiciones establecidas”, justifica la redacción de la ley.
