El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió a un narcotest en el hospital San Roque como parte de la implementación del nuevo modelo de lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en la provincia.
Este procedimiento se enmarca en la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que establece el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. El narcotest, que detecta la presencia de metabolitos de drogas ilegales en la orina, es ahora obligatorio para todas las personas que desempeñen funciones públicas en Córdoba. Esto incluye a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y cualquier funcionario con jerarquía equivalente.
Según la ley, estos funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por una institución médica que acredite la realización de estos exámenes.
”Es fundamental que quienes ocupamos cargos públicos demos el ejemplo y nos sometamos a estos controles”, declaró Llaryora tras realizarse el test. La medida busca no solo detectar el consumo de drogas entre los funcionarios, sino también establecer un estándar de transparencia y responsabilidad en la administración pública.
El incumplimiento del Artículo Nro. 66, que exige la presentación del certificado negativo, conllevará la aplicación del procedimiento vigente en la repartición correspondiente. Los resultados del narcotest serán comunicados a la autoridad competente y el Ministerio de Salud intervendrá para realizar un abordaje integral y tomar las medidas de contención y asistencia necesarias para la persona afectada.
Este nuevo modelo de seguridad generó diversas reacciones en la provincia. Algunos sectores se mostraron conformes, otros criticaron la obligatoriedad del test y cuestionaron su efectividad a largo plazo.
