En las últimas horas, la Justicia dejó afuera de la causa de los Cuadernos de las Coimas al empresario Ángelo Calcatera, primo del expresidente Mauricio Macri. Era parte de los 31 imputados colaboradores.
En su defensa, sostuvo que lo que dio fue un pago voluntario de “aportes de campaña” al gobierno kirchnerista, y por eso reclamó que las acusaciones en su contra se tramiten en el fuero electoral y que no se lo lleve a juicio por el pago de sobornos. La Cámara de Casación le dio la razón.
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Así lo consideraron los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, que fallaron a favor de Calcaterra y Javier Sánchez Caballero y pidieron que su caso sea tratado en el fuero electoral. Al analizar el caso, los magistrados sostuvieron por unanimidad que “consideramos que la señora jueza con competencia electoral es quien debe continuar la investigación respecto a los hechos imputados”.
En la misma línea, señalaron que hay una “ausencia de tratamiento o valoración a lo pretendido por la defensa de Calcaterra y Sánchez Caballero, quienes, desde la presentación del primero de los nombrados como imputado colaborador señalaron reiteradamente, y de manera consistente, que el destino de los fondos señalados era el de aportes de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria”.
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En otro fragmento de la resolución, los jueces indicaron que “Calcaterra se presentó espontáneamente en el proceso como imputado colaborador y, en ese marco, reconoció ciertas entregas de dinero, señalando expresamente su causa y destino”.
“No es un dato menor que, tal como plantea el exdueño de IECSA y su ex socio, el destino de los fondos -los aportes de campaña- fueron un hecho introducido de manera voluntaria por Calcaterra, quien se presentó al inicio del proceso ante el Juzgado 11 del fuero cuando aún no había sido citado ni nombrado”, agregaron.
Así, Calcaterra no será investigado por el pago de sobornos, sino que el dinero “entregado de forma voluntaria” será parte de un expediente que tendrá a su cargo la jueza María Servini, bajo la figura de “aportes de campaña”. En el caso de ser encontrado culpable de un “delito electoral”, podría ser condenado a pagar una multa y se le podría aplicar la prohibición de ejercer cargos públicos.
