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    Causa AMIA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado argentino

    Es por no haber tomado medidas para prevenir el ataque y por violar el derecho a una investigación. La jueza Nancy Hernández leyó 22 puntos de condena contra la Nación y ordenó abrir todos los archivos.

    14 de junio 2024, 11:23hs
    La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo.
    La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo.

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.

    La presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.

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    La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida diligencia y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.

    “El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, asegura el fallo.

    El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994: causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.
    El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994: causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.

    La sentencia establece que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.

    “El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación”, explica la sentencia.

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    El texto agrega que “se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”.

    Los jueces interamericanos ordenaron al Estado “remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias”.

    La CorteIDH ordenó una serie de indemnizaciones compensatorias en favor de las víctimas y sus familiares.
    La CorteIDH ordenó una serie de indemnizaciones compensatorias en favor de las víctimas y sus familiares.

    Argentina también deberá efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, realizar un documental audiovisual sobre los hechos del caso y crear un archivo histórico accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.

    La CorteIDH también ordenó al Estado que regule la incorporación como evidencia judicial de información de inteligencia y desarrolle un programa de capacitación sobre su utilización, así como dar pleno acceso a las víctimas y a los querellantes a todas las investigaciones e información vinculada con el atentado y su encubrimiento.

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    La totalidad de los archivos deberán ser ubicados en un mismo espacio físico, donde se garantice su correcta conservación y además el Estado tendrá que crear un área de análisis de la información de inteligencia desclasificada.

    La CorteIDH también ordenó una serie de indemnizaciones compensatorias en favor de las víctimas y sus familiares por los conceptos de daño material e inmaterial.

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