El universo de las organizaciones sociales, de la distribución de planes sociales y los merenderos es un gran agujero negro.
Corrupción; desvío de fondos; extorsión de muchos referentes y delegados sobre titulares de planes para obligarlos a concurrir a marchas; entrega de dinero a las organizaciones para financiar merenderos fantasmas, que dejaron de funcionar o se mudaron. O directamente nunca existieron. Esa es la trama detrás de la gigantesca investigación que se desarrolla en estos días.
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De a poco, el Ministerio de Capital Humano la va desentrañando y la lleva a la Justicia. Ayer, la Subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni, presentó un listado muy detallado de los 1201 merenderos, el domicilio de cada uno, su situación actual y pone al descubierto que su existencia no pudo ser validada. Sin embargo, las organizaciones habrían recibido miles de millones de pesos.
En las últimas horas, el Gobierno amplió la denuncia -presentada el viernes pasado- en la cual se abrió una causa de defraudación hacia el Estado, debido a que se descubrió que de los 2600 comedores que fueron auditados, casi la mitad fueron identificados como “no validados”.
Esto quedó expuesto luego de una auditoría sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), ya que se determinó que los funcionarios de la gestión anterior no realizaron los controles correspondientes para validar la existencia de los comedores y así confirmar el envío de mercadería.
El año pasado, de acuerdo al esquema de distribución que tenía el Ministerio de Desarrollo Social, en la mayoría de los casos se recibieron alimentos, aunque, en menor medida, otros accedían a la Tarjeta Alimentar Comunidad, que consistía en un programa en el que se les concedía dinero para comprar alimentos en los comercios cercanos al lugar en donde operaban.
Entre los merenderos del listado al que pudo acceder TN, muchos se encuentran vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita. Pero, luego de una investigación del periodista Manuel Jove en algunas de las direcciones declaradas, se llegó a encontrar casos insólitos: desde un barrio cerrado en la zona de Ezpeleta hasta una escuela de pole dance.
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Por el momento, la principal hipótesis que sigue la Justicia es que los recursos recibidos se utilizaban como herramienta de extorsión, una línea que coincide con la causa que investiga a líderes piqueteros por los aprietes a beneficiarios de planes. Sin embargo, por otra parte, también se cree que los bolsones de alimentos que recibían los comedores se vendían más allá de la inscripción de “prohibida su venta”.
De esta manera, la investigación continuará en la validación de, por un lado, el destino de los recursos otorgados por el Estado y, por otro, en el doble chequeo del funcionamiento de los merenderos inscriptos en el RENACOM.
