Las denuncias por extorsión que involucran a agrupaciones sociales tuvieron la primera repercusión institucional en el Congreso. Actuará, en principio, la comisión de DDHH.
La diputada Sabrina Ajmechet, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, en la red social X señaló: “Vamos a abrir la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para recibir a quienes, extorsionados por los gerentes de la pobreza, han visto atropellada su libertad”. Y diputada del Pro le aclaró a TN que “aún no hay fecha de convocatoria“.
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La ministra Bullrich señaló en las últimas horas que “es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas”.
“Todo esto es información que recibimos en la Línea 134, que nos dieron los ciudadanos extorsionados, y nos muestra el camino de la libertad de estas personas. Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios”, publicó con el título “La extorsión tiene consecuencias “, acompañado de una foto del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.
Por lo que pudo saber TN no será una convocatoria abierta por parte de la comisión legislativa, sino que las citaciones serán concretadas por la comisión que encabeza Sabrina Ajmechet. Serán aquellos que concretaron las denuncias y desde las cuales se inició la causa judicial. Las denuncias a la Línea 134, en algunos casos fueron anónimas y en otros con nombre y apellido, manifestando que sufrieron amenazas con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
En Unión por la Patria, el diputado Hugo Yasky, vicepresidente de la comisión de DDHH, se mostró sorprendido por la convocatoria de la titular de la comisión y le dijo a TN que “la presidenta está utilizando la comisión para ventilar la campaña de denuncias que hace el gobierno nacional de una forma ligera e irregular, irreverente incluso para los que son acusados”.
“Una cosa es una denuncia, donde yo puedo denunciar al vecino de mi casa de ladrón o de violador, eso es una cosa, lo que no puedo hacer es usar una institución como el Congreso para convocar a los denunciantes sin ninguna prueba, porque una vida es que existan causas abiertas, pruebas concretas y se sustancie un proceso. Acá están denunciando y publicando en los diarios denuncias de supuestos damnificados que habrían sido extorsionados, es tan fácil conseguir diez, 15, 100 personas que denuncien. Lo que hay que tener son las pruebas y en ese sentido me parece absolutamente irresponsable convertir este tema, en un tema de debate en la comisión”, agregó.
Mientras que fuentes cercanas al Partido Obrero no entienden “cómo harán la convocatoria al Congreso, ya que la causa judicial aún está bajo secreto de sumario”. “Es una clara operación“, denunciaron.
