La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134.
Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
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Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, habilitada para que beneficiarios de planes sociales pudieran denunciar amenazas por parte de los dirigentes piqueteros.
De esta manera, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, ordenó los 27 allanamientos, sumado al pedido de declaración indagatoria de los involucrados por los hechos que están siendo investigados.
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y, de acuerdo a fuentes de la causa, los señalados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción de dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
“Se desprende de las pesquisas, que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados”, precisaron fuentes oficiales.
Además, el Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados debido a que la mayoría de las extorsiones se realizaban por esos medios. También se secuestraron planillas, cuadernos de asistencias, registros de pagos, documentación vinculada a planes sociales y tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.
Del análisis de las denuncias que llegaron a la línea 134, se acreditó que se desviaban recursos y que a quienes no podían asistir a las movilizaciones, se les solicitaba acreditación con certificados médicos.
Entre los acusados se encuentran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero; Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que pertenecen al Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL).
