El Gobierno busca insistir con algunos puntos de la reforma electoral de la primera Ley Bases de enero antes de las elecciones legislativas de 2025. Según pudo saber TN, se trata de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215).
Quieren impulsar además el tratamiento de la Boleta Única de Papel, que tiene estado legislativo en el Senado. Se comenzó a debatir en enero en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, pero el oficialismo no logró conseguir los votos para darle una sanción completa.
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Para la elección primaria de 2023, la Dirección Nacional Electoral le entregó aportes a las fuerzas para la impresión de boletas. Unión por la Patria recibió $290 millones, Juntos por el Cambio obtuvo $259 millones y el Frente de Izquierda junto a La Libertad Avanza recibieron $131 millones.
El Ejecutivo quiere instalar en agenda y tratar estos tres puntos de la reforma electoral luego del Pacto de Mayo, de forma que no se cruce con la Ley Bases, el paquete fiscal y la ley anti-casta, que está terminando de definir la mesa técnica del oficialismo.
Lo que descartan en la Casa Rosada es impulsar la reestructuración completa del sistema electoral bajo un esquema de circunscripciones uninominales con la composición actual del Congreso. No creen tener el apoyo de los bloques aliados para eliminar la lista sábana.
Es por eso que postergarán la propuesta de dividir las provincias en circunscripciones electorales, de forma que cada jurisdicción elija a un representante único para el Congreso de la Nación, además del intendente y del gobernador. Esto requeriría modificar el número de diputados nacionales a elegir a uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.
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Buscarán derogar el Título II de la Ley de los Partidos Políticos (26.571), que reglamenta las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) junto a la composición y personalidad jurídica de los partidos.
Propondrán además modificar el esquema de financiamiento de la política actual, derogando el límite de los aportes privados de campaña por agrupación y por personas. Lo mismo aplica para los gastos de las campañas: quieren eliminar el artículo 45 de la ley 26.215, que fija que no puedan superar “la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados, por un (1) módulo electoral de acuerdo al valor establecido en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional del año respectivo”.
El Gobierno busca derogar el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral e impulsar una cuenta corriente única de los partidos políticos.
“Deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta CUATRO (4) miembros del partido, de los cuales DOS (2) deberán ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen. Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su fundación, en similares términos a los del párrafo precedente. Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del Interior e informarse al juzgado federal con competencia electoral del distrito correspondiente”, expresa el artículo en la Ley Bases de enero.
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La Casa Rosada propone además crear un módulo electoral como “unidad de medida monetaria para determinar los límites de gastos autorizados por esta ley”, que sería determinado anualmente en el Presupuesto General de la Nación. Para las asignaciones, se utilizaría el 50% del valor.
Quieren eliminar la fijación del 35% de los aportes de inversión en publicidad digital que establece que deberán destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional.
