Mientras el foco de atención este lunes pasa por el Congreso de la Nación por la discusión de la nueva Ley Bases, se dieron a conocer los primeros datos de las auditorías que está llevando adelante el Gobierno a las indemnizaciones pagadas a víctimas del terrorismo de Estado.
Hay en revisión 22.500 expedientes, algunos con reconocimiento en sede administrativa o en sede judicial, y otros que no poseen una respuesta del Ministerio sobre la procedencia o no del reclamo. Se audita, en ambos casos, el respaldo documental, la veracidad y legalidad de la documentación que se presentó para cobrar esas reparaciones.
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La información la confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el programa ¿La Ves? de TN. Según esos datos, el monto promedio de las indemnizaciones es de $80.000.000. Además, Cúneo Libarona denunció que el gobierno de Alberto Fernández reconoció beneficios por una suma total de $14.261.528.925, por las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914 aun cuando había denuncias por irregularidades.
De acuerdo a la información recabada, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó el embargo sobre los bienes de uno de los procesados. La decisión se tomó el 24 de abril, en el marco de la causa en la que hay más de 100 expedientes de pago irregular reconocidos tanto en sede administrativa como por en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Los bienes embargados alcanzan la suma de $200.000.000.
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Además, Capuchetti ordenó notificar personalmente al abogado Omar Enrique Ramón García -que representa a personas que solicitan los beneficios- del procesamiento firme y del embargo trabado sobre sus bienes y dispuso que comparezca al tribunal en 72 horas hábiles bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata detención.
La Justicia investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita para el armado de documentación falsa para aquellos que simulaban ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura militar.
Cúneo Libarona informó que la auditoría surge de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, en la que se procesó a un grupo de personas por estafa al Estado. También existen “otras causas penales en trámite” por irregularidades vinculadas a pagos duplicados o realizados a personas que no contaban con documentación respaldatoria. Incluso familiares de personas que estaban viviendo en el exterior y no desaparecidas.
Las indemnizaciones del Estado para víctimas de la dictadura se amparan en seis leyes nacionales que se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidos de manera forzosa que hubieran ocurrido hasta el 10 de diciembre de 1983. La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias es el organismo dependiente de Justicia que acredita o no cada pedido.
