La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) iniciará este miércoles un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados estatales, que -denunció- durante el fin de semana extralargo alcanzó a más de 11.000 trabajadores. “Vamos a ejercer derechos constitucionales: de huelga, de peticionar, de reunión y de libertad de expresión”, dijo Rodolfo Aguiar, líder de la central sindical.
El plan de lucha incluye el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo, un cese total de actividades y movilizaciones. El presidente Javier Milei advirtió que “no va a dejar pasar” la toma de edificios y Aguiar lo hizo responsable por las consecuencias en caso de haber represión.
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“Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, dijo el líder de ATE en Canal 9.
Un nuevo plan de lucha sindical contra Milei
“Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, dijo Aguiar al ratificar el plan de lucha que comenzará este miércoles.
Además de intentar acompañar a los trabajadores cesanteados a ingresar a sus puestos de trabajo, unos mil delegados de ATE tienen previsto realizar a las 16:00 un Plenario Federal “para profundizar el plan de lucha”.
“Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, afirmó el titular de la central sindical, que advirtió que “a partir de la masividad de las cesantías se está transformando en una tragedia social”.
Sumado al “plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país”, Aguiar convocó “a una reunión extraordinaria” a los equipos jurídicos.
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“Estamos cansados los estatales de que nos ataquen. No despidieron un solo ñoqui. La conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y frente a un Gobierno peligroso y violento como el que encabeza el Presidente”, dijo.
Las trabajadoras de casas particulares también llevan sus reclamos a la calle
En el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares, el sindicato SiTraCP hará este miércoles, a las 12:00, una asamblea en las puertas de la sede de la Secretaría de Trabajo, en la que “exigirán la homologación del último aumento y la emergencia salarial”.
“Frente a la inflación acumulada del más del 60% entre diciembre y febrero, la mayoría de las trabajadoras se encuentra con el salario congelado desde noviembre. Es que si bien a mediados de marzo se reunió la Comisión de Trabajo en Casas Particulares y fijó un aumento del 35% en dos cuotas para febrero (20%) y para marzo (15%), tras un mes y medio el mismo no ha sido publicado en el Boletín Oficial”, denunció el sindicato.
María del Carmen Díaz, secretaria General del SiTraCP, aseguró que presentaron notas en el Ministerio “para reclamar la homologación del último aumento salarial que, aunque insuficiente, muchos empleadores no lo están pagando, amparándose en que el mismo no se publicó en el Boletín Oficial”.
“A las trabajadoras nos aumentó todo, el alquiler, colectivo, la comida y no podemos hacer frente al costo de vida con estos salarios de hambre. Los tarifazos del transporte golpean especialmente nuestros bolsillos y el régimen de trabajo que rige a nuestro sector no dispone el pago de viáticos. La SUBE con tarifa social solo acceden las trabajadoras registradas que sean beneficiarias de asignación universal o alguna otra prestación de Anses. Pero las compañeras que trabajan formalmente son menos del 30% del total. La mayoría de 1.700.000 trabajadoras no tienen ningún derecho laboral”, agregó.
Entre los reclamos figuran “la inmediata homologación del último aumento, un salario igual a la canasta familiar, un aumento de emergencia del 100%, por el pago de los viáticos a cargo de los empleadores, por el registro de todas las trabajadoras para terminar con la precariedad”.
