El gobierno de Javier Milei puso primera y abrió la negociación con un sector del sindicalismo para acercar posiciones y darle impulso a la reforma laboral.
Según pudo saber TN, el oficialismo abrió en los últimos días un canal de diálogo con dirigentes gremiales dialoguistas con el objetivo de generar consensos respecto de las modificaciones que propuso en materia de trabajo a través del mega DNU, que luego fueron frenadas por la Justicia.
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Más allá de la resistencia inicial de los gremios, especialmente en lo referido al “aporte solidario” de los afiliados (la caja de los sindicatos), en el Gobierno perciben que podrían ceder en otras cuestiones, como las indemnizaciones. En la Casa Rosada aseguran además que “ya hay consenso” con los gobernadores, por lo que la idea es enviar el proyecto de reforma laboral al Congreso en el transcurso de las próximas semanas, tratarla “lo antes posible” y luego blindarla a través del Pacto de Mayo.
Este martes, en una señal de acercamiento, los sindicalistas Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN, estatales), integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), dijeron estar dispuestos a negociar una reforma laboral, aunque con condiciones.
“No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical”, dijo Rodríguez en el AmCham Summit. Daer, secretario general de la CGT, en tanto, señaló: “Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Nosotros trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar”.
No obstante, ambos dirigentes se mostraron bastante molestos por el techo que fijó el Gobierno a las paritarias, el único precio que -aseguran- no se liberó.
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En uno de los principales puntos del proyecto de reforma laboral, el Gobierno propone una flexibilización, a través de la eliminación de multas por trabajo mal registrado previstas por la ley 27.430 y el blanqueo de contrataciones informales previas. Incluye también la derogación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Además, se quiere modificar el régimen actual de indemnizaciones por un sistema de fondo de cese laboral como el que implementa la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con un aporte mensual máximo del 8% de la remuneración.
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El Ejecutivo también busca limitar el derecho a huelga con la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte, telecomunicaciones, cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y propone la prohibición de los bloqueos en las empresas y establecer la optatividad del pago de la cuota solidaria de los afiliados de los sindicatos, medida que afectaría su recaudación. Además, busca extender el plazo del período de prueba a los ocho meses.
El Gobierno también quiere reformar la legislación laboral en línea con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras. Quieren darle prioridad a los ejes que tengan incidencia directa en la economía.
