Enero de 2024 fue el arranque de año con más actividad en el Congreso de la Nación en más de dos décadas. El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias antes de la Navidad del 2023 y la acción recién se puso en marcha diez días más tarde. Hace exactamente un mes, a tan solo 4 días del comienzo del nuevo año, fueron las reuniones constitutivas de las comisiones parlamentarias que intervinieron en el debate de la formalmente bautizada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Por aquellos días, lo llamativo pasó por la gran cantidad de caras nuevas. Muchos desconocidos. Mientras José Luis Espert se incorporaba a las filas oficialistas luego de varias reuniones en Casa Rosada con el Presidente, los encargados de la primera etapa de negociaciones se toparon con una larga lista de obstáculos de parte de la oposición que luego llamaríamos “dialoguista”.
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El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue uno de los primeros emisarios del Poder Ejecutivo. Sus intercambios con el recientemente conformado bloque de Hacemos Coalición Federal no fueron fructíferos. Hubo diputados que salieron de reuniones con él sin saber con quién habían hablado.
Guillermo Francos, ministro del Interior, y Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados, también sumaron a la negociación. Se volvió clave también el rol de Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y su principal asesor en temas legislativos, además de un pasado de más de una década como secretario privado de Eduardo Menem, el hermano del expresidente.
Los integrantes de lo que hasta el año pasado era el interbloque de Juntos por el Cambio repetían un reclamo: nunca identificaron a esos interlocutores como funcionarios “autorizados para plasmar cambios en el texto de la ley”. Se incorporaron entonces otros dos nombres: el joven asesor presidencial Santiago Caputo, una de las cuatro patas de la única mesa chica de Javier Milei, y José “Cochi” Rolandi, el secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete y virtual segundo de Nicolás Posse. Al igual que el Presidente, el Jefe de Gabinete y el ministro del Interior, Rolandi también tiene en su curriculum un extenso pasado como empleado de las empresas de Eduardo Eurnekian.
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Por el despacho de Menem desfilaron durante días los referentes del Pro, de la Unión Cívica Radical y del nuevo espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), gran protagonista de las negociaciones por su experiencia y por su particular carácter. Todos fueron recibidos allí por Caputo, sobrino lejano del ministro de Economía.
Cuentan los testigos de esas reuniones que al consultor político que Milei describió como “el arquitecto de la campaña” siempre lo acompañaba un cigarrillo apagado y muy pocas ganas de ceder ante los pedidos ajenos. En más de una ocasión planteó que el Gobierno estaba dispuesto a retirar el proyecto de la mesa si se insistía con determinadas modificaciones. Fue lo que pasó, de hecho, con el capítulo fiscal. “Responden a una lógica del todo o nada”, recuerda de aquellas charlas uno de los diputados “dialoguistas”. Caputo, en tanto, tiene una frase de cabecera que suele decir puertas adentro de su espacio: “Todo marcha acorde al plan”.
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El curso acelerado de los libertarios
La Libertad Avanza encaró esta compleja tarea con una amplia desventaja cuantitativa: apenas 38 diputados propios y algunos pocos aliados. Se sumaron a la lista Espert, las dos bancas de Buenos Aires Libre de Carolina Píparo, Paula Omodeo del partido conservador Creo de Tucumán y Álvaro Martínez, el mendocino que cuyo jefe político es Omar de Marchi, otro funcionario del gabinete nacional.
Fue justamente De Marchi el que asumió como Secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete el pasado 20 de diciembre. Uno de sus objetivos centrales fue colaborar de manera intensa con el entrenamiento en temas de actividad legislativa para los muchos debutantes en la Cámara.
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En reuniones de bloque encabezadas por él muchos de los principiantes anotaban en sus cuadernos o teléfonos celulares cuestiones reglamentarias, elementos clave del funcionamiento parlamentario, estrategias de discurso para la defensa del proyecto y hasta de características puntuales de alguno de los adversarios políticos.
Esos encuentros fueron también promocionados por Oscar Zago, Presidente del Bloque de LLA. La ausencia reiterada más llamativa para sus propios compañeros fue la de Marcela Pagano, quien había sido una de las voceras de la campaña y bajó considerablemente el perfil durante las últimas semanas. Cerca de la periodista convertida en diputada indican que, desde el bloque, nunca la convocaron formalmente para reuniones con el funcionario que depende de Nicolás Posse.
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Los rumores se esparcen rápido. La relación de Pagano con Zago está muy lejos de ser buena y el malestar entre ellos escaló mucho la última semana. Algunos le adjudican esas diferencias a las heridas por la conformación de las comisiones. Todos coinciden en un punto: son dos de los legisladores oficialistas con “personalidades más fuertes”. Pagano prefirió no hablar en el recinto en ninguna de las tres jornadas de debate para la votación en general.
Los despachos y el catering, lo que no se vio
En la tarde del lunes 29 de enero, apenas horas antes de la primera sesión por la Ley Ómnibus, se vivieron momentos de alta tensión sobre la Avenida Rivadavia. El grupo de WhatsApp que agrupa a los 37 diputados del Pro estalló a partir de un mensaje: “nos quieren sacar el despacho”, escribió uno de ellos. Cristian Ritondo, jefe del bloque, intentó calmar las aguas y se dispuso a averiguar qué era lo que ocurría.
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La respuesta a las quejas de los del Pro no pudo ser inmediata. A esa hora, Martín Menem mantenía reuniones estrictamente vinculadas a las negociaciones por el articulado de la ley. En el Salón de Honor de Diputados estaban junto a él su primo Lule, Caputo, Rolandi y los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó (HCF) y Rodrigo De Loredo (UCR), entre otros.
Lo que había ocurrido fue que personal administrativo de Diputados le solicitó a Fernando Iglesias, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriel Chumpitaz, de Santa Fe, que entreguen sus oficinas, dispuestas en frente del Congreso, en uno de los edificios linderos al Anexo de la Cámara de Diputados. Hubo incluso presencia policial. No faltaron los que creyeron que se escondía algún tipo de represalia por discrepancias en las negociaciones. “Si nos sacan de acá, no les votamos nada”, escribió en caliente uno de los involucrados en el mencionado chat.
Según explicaron cerca de Menem, el intento de desalojo no tenía relación alguna con la rosca parlamentaria. Respondía, en cambio, a un vencimiento de los alquileres de ese piso y la intención de no renovarlos por el recorte de gastos y erogaciones varias que lleva adelante la actual gestión. “Hay despachos libres en el Anexo”, aseguran. Por ahora, se postergó la discusión, pero no hay una solución definitiva.
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El ajuste interno en Diputados abrió otro frente de batalla: el catering para los días de sesión. “Panza llena, votación contenta”, se reía de la situación el principal asesor de uno de los legisladores libertarios. El reclamo para el Presidente de la Cámara era el mismo desde varios sectores políticos: no limitar a una ventana reducida los horarios del servicio de comida.
“Pensá que acá teníamos comida tope de gama”, se lamentaba un experimentado de la Cámara. Se refiere a la gestión de Emilio Monzó, en la que se había contratado a los conocidos hermanos Petersen, mediáticos emprendedores gastronómicos, para abastecer los almuerzos y cenas de los legisladores.
Ese servicio se extendió también durante los primeros meses de la presidencia de Sergio Tomás Massa. Sin embargo, en 2020 se dio de baja. El nuevo contrato en tiempos del Frente de Todos fue para Grupo L, una empresa de la familia Lusardi que trabaja como proveedora del Estado en muchos niveles. De hecho, fue la firma que quedó envuelta en una polémica cuando, durante la pandemia del Covid 19, le compraron alimentos sobreprecios desde el ministerio de Desarrollo Social.
