El gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan B ante las dificultades que desencadenaron algunas medidas -como la suba de retenciones-, para negociar con los gobernadores y conseguir la anhelada aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso. En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la anulación del capítulo fiscal de la normativa.
Pese al giro significativo que dio el Gobierno para destrabar la aprobación del resto del proyecto, el titular de la cartera económica dejó en claro que no negociarán su objetivo de déficit cero. Es por eso, precisamente, que el anuncio quedó a cargo de Caputo desde Casa Rosada.
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En este sentido, aunque exista la voluntad de recomponer el vínculo con los gobernadores, nada motiva un exceso de optimismo, porque lo que dijo el ministro es que lo que no van a hacer, por un lado, lo van a hacer por el otro. Entonces, ¿qué van a pedir los gobernadores a sus diputados y a sus senadores, en tanto, el ajuste que se iba a hacer por la Ley, ahora se va a hacer con las herramientas (resoluciones o decretos) que tiene el Ejecutivo a disposición, sin requerir pasar por el Congreso?
Los interrogantes son múltiples: ¿qué va a pasar con las empresas que podían ser privatizadas?, ¿qué ocurrirá con las Facultades Delegadas?, ¿y con la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES? Todavía no está claro cuál es el paquete fiscal que van a retirar de la propuesta y una vez que se conozca eso habrá que ver si la oposición le da al Gobierno los números para la aprobación del resto de la Ley.
Con su discurso, Caputo otorgó sentido a una especie de doble estrategia que se divisó en los últimos días. Porque mientras se trató el proyecto en el Congreso, el Presidente empoderó al ministro de Economía, que fue la persona que esta semana dijo que instruyó a dos secretarias de su cartera a revisar las partidas que el Gobierno Nacional le otorga a las provincias.
El objetivo de déficit cero es innegociable y Milei ratificó esta postura con su famosa frase en la reunión del gabinete del jueves, cuando dijo que iba a dejar a los gobernadores “sin un peso”. Y como si fuera poco, lo echaron a Guillermo Ferraro, enfrentado con Caputo y otros funcionarios.
Esto es lo curioso. Es decir, mientras Francos y Menem buscaban acuerdos con la oposición para sacar la media sanción, el Presidente y Caputo insistían con la estrategia de darle una vuelta más a la tuerca, de tensar más la relación con los gobernadores y con la oposición en general.
Nada de esto estaba previsto. Incluso, todo indicaba que este fin de semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, iban a intentar aceitar el vínculo con los sectores más racionales de la oposición para explicarles que las modificaciones que buscan implementar -sobre todo en materia previsional y de retenciones- impedirían a la Argentina tener la capacidad recaudatoria suficiente para alcanzar el compromiso de superávit fiscal del 2% con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La pregunta que hay que hacerse acá, como para cerrar esta reflexión, es en qué condiciones al Gobierno le conviene ir al recinto el martes y en qué condiciones, no. ¿Qué va a hacer el Gobierno?, ¿cuál es el escenario inteligente para los que prometieron un montón de cosas vinculadas al liberalismo y hoy encuentran en la clase política y en la clase dirigente en general un obstáculo para eso?
