Con la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y el mega DNU que intenta sortear los rechazos judiciales, el gabinete del presidente Javier Milei negocia el apoyo de los gobernadores para alcanzar la mayoría necesaria en el recinto.
La masa de recursos coparticipables -que el Gobierno busca garantizar con la marcha atrás de la quita del Impuesto a las Ganancias- y la flexibilización de reglamentaciones para atraer inversiones extranjeras están sobre la mesa y juegan un rol clave como moneda de cambio para conseguir el acompañamiento de los legisladores que responden a las fuerzas provinciales.
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Sin embargo, para los mandatarios provinciales también están en juego otros temas fundamentales, como la Ley de Hidrocarburos, el régimen de grandes inversiones y la obra pública. También la privatización de algunas empresas públicas y la propuesta de que el Ejecutivo divida el DNU para que el Congreso evalúe reforma por reforma.
La mesa de negociaciones, sin pausa
Excepto los más radicalizados, como el bonaerense, Axel Kicillof, o el riojano, Ricardo Quintela, la mayoría de los gobernadores se muestra dispuesto a negociar su apoyo a ambos proyectos impulsados por el gobierno de Milei, incluso a ceder en temas que no coinciden con su propio contrato electoral.
Durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández se activaron diferentes ligas de gobernadores, agrupados bajo intereses comunes. A la de los patagónicos se sumaron la del Norte Grande y la de los peronistas.
Tras las elecciones, que dieron a los radicales un rol protagónico, con el triunfo en distritos del corazón productivo de la Argentina, como San Juan, Santa Fe y San Luis, y la caída de mandatarios peronistas en Chaco y Santa Cruz, el poder se equilibró y le dio a Milei mayor margen de maniobra en las negociaciones.
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El ministro del Interior, Guillermo Francos, es el encargado de profundizar el contacto y abrir los canales de diálogo, pero también sus pares de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Infraestructura, Gullermo Ferraro, cobraron relevancia en las últimas semanas.
Demandas y poroteo en el Congreso
Para algunas provincias, promover inversiones extranjeras para el litio es la principal moneda de cambio. Catamarca y Jujuy, por ejemplo, son dos de las provincias que más dependen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que Milei anunció que recortará al mínimo posible, como parte de su plan de ajuste del gasto público. Ambas esperan más que compensar esa pérdida de recursos con la llegada de empresas extranjeras para la explotación del mineral, gracias el régimen de grandes inversiones incluido en la Ley Ómnibus.
“Coincidimos sobre el impacto positivo que tendrán en la provincia las reformas al régimen de grandes inversiones contempladas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, dijo Francos tras la reunión que mantuvo este lunes con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Según pudo saber TN, esa iniciativa abrió la puerta de las negociaciones para el acompañamiento del catamarqueño.
Sin embargo, desde el núcleo duro kirchnerista advierten sobre los riesgos de pérdida de soberanía que este tipo de inversiones implican y rechazan de plano que la explotación de recursos naturales quede totalmente en manos privadas.
Para otros gobernadores, el debate se centra en el sector de hidrocarburos, como en el caso de los patagónicos, que se reunirán este jueves para “consolidar la agenda regional y avanzar en estrategias frente al escenario que se abrió a partir del decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley ómnibus”.
El planteo de Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) alcanza también a las obras públicas recortadas y a la coparticipación del Impuesto al Cheque.
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En lo que la coincidencia no distingue bandera política es en el pedido al Ejecutivo para que el megadecreto se divida y el Congreso pueda debatir reforma por reforma, algo que Milei no está dispuesto a ceder, es “a todo o nada”. Por eso, la negociación se centra en los temas en los que el Gobierno podría hacer modificaciones y que los gobernadores creen que les alcanzaría para dar su apoyo al mega DNU y a la Ley Ómnibus.
En este contexto, cerca del Presidente hacen a diario el poroteo de votos a favor y en contra de ambas iniciativas y aceleran las reuniones para garantizar su avance legislativo.
