El gobernador de San Luis denunció al hijo del exmandatario provincial Alberto Rodríguez Saá, que lleva su mismo nombre, por apropiación ilícita de tierras indígenas. También mencionó a dos colaboradores que junto a “Albertito” se hicieron pasar por caciques para adueñarse y administrar los bienes del “Pueblo Nación Ranquel”.
Según informaron a TN fuentes cercanas a Claudio Poggi, las irregularidades afectan tanto al Estado puntano, y en particular a la comunidad. Se trata de 60.000 hectáreas productivas que mueven a través de la actividad agropecuaria alrededor de 300.000.000 de pesos al año.
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Justamente Víctor Baigorria, uno de los referentes de este pueblo originario, ubicado al sur de la provincia de San Luis, fue quien dio aviso de la situación después de que los Rodríguez Saá dejaran el poder.
De acuerdo a la denuncia a la que accedió TN, desde fines de 2017, “Albertito” Rodríguez Saá y su colaborador Gustavo Freixes, invocando una orden del gobernador de ese entonces, “fueron quienes en realidad manejaron la administración de la comunidad y todos los negocios que se hicieron allí, en especial el manejo de fondos, como cuentas bancarias, el ganado existente en el campo y los alquileres de las distintas fracciones”.
Además, revelaron que ambos se hicieron llamar “Lonkos”, que en la cultura ranquel significar administrar y dirigir la comunidad. Supuestamente, habían sido elegidos el 17 de agosto de este año en una asamblea denominada “tawtum”.
Esta supuesta asamblea quedó asentada en la resolución general de San Luis N°293, en donde nombran a Alberto Rodríguez Saá, a Víctor Nemesio Baigorria y a Sergio Gustavo Freixes como caciques. Sin embargo, desde el Pueblo Nación Ranquel niegan haberla realizado. “Nunca existió esa asamblea y mucho menos la designación como nuevos lonkos”, insistió Baigorria.
También mencionan a otra colaboradora, identificada como Sofía Aguilera, quien en los últimos meses se acercó a la comunidad para “recabar firmas y documentación cuyo contenido y utilización de los datos personales se desconoce”.
En la presentación judicial que se hizo en las últimas horas en el fuero penal, también remarcan que estas irregularidades se intentaron advertir durante el gobierno saliente, pero desde la comunidad aseguran que “las autoridades provinciales nunca los recibieron en audiencias”.
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En la misma denuncia advierten que el exgobernador transfirió 50.000.000 de pesos del tesoro provincial a la comunidad el pasado 6 de diciembre, apenas cuatro días antes de dejar su cargo. Esto fue denunciado por el actual director de Asuntos Municipales, Gonzalo Amondarain, quien encontró irregularidades en la rendición de fondos.
De acuerdo a los documentos a los que accedió TN, Freixas era quien administraba las cuentas bancarias desde al menos el 2020, cuando se designó como apoderado del tesoro de la municipalidad del pueblo ranquel y secretario de Estado de la Producción. La designación fue firmada por el escribano Mario Noe Esteves y le da potestad de “realizar operaciones” de todo tipo con la cuenta de banco Superville.
En esta causa participa por el momento la Unidad de Información Financiera (UIF), pero desde la comunidad solicitaron la intervención de la fiscalía de Estado, ya que se trata de un delito que afecta no solo económicamente al pueblo, sino también “la vida institucional”.
