Por impulso del kirchnerismo, el juicio político a la Corte Suprema ocupó un lugar central en el año parlamentario y en el año electoral: no solo la comisión que tramitó el proceso contra los miembros del máximo tribunal fue la más activa y regular de todas las comisiones del Congreso, sino que el tema terminó ocupando un lugar destacado de la agenda política en los días previos al balotaje.
Ahora, podría tener su último episodio y provocar los últimos roces en Diputados antes del recambio legislativo, quizás un anticipo de las tensiones que le esperan al Congreso para los próximos meses. Por otra parte, esta instancia abre una oportunidad para Javier Milei y para la relación de su inminente gobierno con el Poder Judicial.
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Este viernes, la comisión Juicio Político, que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard, convocó a una reunión para el próximo martes para aprobar un dictamen de acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti. La fecha límite para hacerlo era el miércoles.
El proceso, que comenzó en enero, estuvo bastante atado a los tiempos electorales. El 11 de octubre, a días de la primera vuelta presidencial, la mayoría oficialista de la comisión aprobó los cargos (mal desempeño de sus funciones, parcialidad, arbitrariedad, abuso de poder) contra los miembros de la Corte. También se citó a una reunión para el 7 de noviembre, para escuchar el descargo de los magistrados si lo quisieran, y se acordó dictaminar en la semana siguiente. Es decir, a días del balotaje (si lo hubiera, como finalmente sucedió).
Pero, llegado el momento, para evitar que el tema complicara la campaña del ministro candidato a presidente Sergio Massa, el Gobierno decidió prorrogar de sesiones ordinarias y habilitó así la postergación del dictamen para después del balotaje. Sin embargo, en el medio estalló el escándalo de espionaje ilegal contra jueces, dirigentes, empresarios, y la última reunión de comisión terminó en un escándalo. Uno de los principales impulsores de juicio a la Corte es Rodolfo Tailhade, que quedó involucrado en el caso por espionaje.
El proceso quedó así en suspenso. Y de hecho, sigue en suspenso. La comisión tiene 31 miembros, de los cuales 16 son del Frente de Todos, mayoría necesaria para el quorum y para emitir dictamen. Pero esa mayoría no solo está compuesta por diputados K, sino también del Frente Renovador (donde advertían que faltaba que Massa ordenara postura) y otros que responden a los gobernadores peronistas de sus provincias.
En el propio FdT advertían en las últimas horas que había dudas sobre la posibilidad de alcanzar las 16 firmas para el dictamen. Pero existe una herramienta, que no por polémica deja de ser legítima: reemplazar a los diputados de la comisión. “Se puede hacer, siempre que los que no quieran acompañar acepten ser reemplazados. Lo que es claro es que si se hace la reunión es porque están las firmas, no vamos a sentarnos para perder”, advertían cerca de un miembro oficialista de la comisión.
“Sería medio papelón dejarlo sin dictamen después de un año de laburo, sería un papelón llamar a la reunión y que no se firme, sería un papelón también cancelar la reunión”, reconocía otro.
Ahora bien, en Juntos por el Cambio no terminaban de comprender en las últimas horas la convocatoria y advertían que es inevitable que el escándalo de espionaje volviera a resurgir durante el encuentro, si es que se concreta. “Está muy fuera de registro el tema, no querrán dejarlo inconcluso, pero parece una reacción de calientes o de resentimiento, no veo mucha explicación”, opinó un miembro opositor de la comisión.
En el oficialismo aseguran que de aprobarse el dictamen contra los jueces, como la acusación no provino del Ejecutivo, sino de diputados y particulares, mantendría estado parlamentario durante tres años: es decir, podría ser tratado en el recinto hasta el 2026. En JxC opinan que, al contrario, solo podría ser tratado durante este año o el que viene.
En cualquier caso, para que la acusación sea aprobada en el recinto de Diputados y pasar al Senado, que es el que lleva adelante el juicio propiamente dicho, debería contar con dos tercios de los votos, una mayoría que nadie tiene hoy, ni nadie tendrá con la nueva conformación de la Cámara Baja. De llegar al recinto y no contar con los votos, quedará rechazado.
“Le estás regalando a Milei la chance de congraciarse con la Corte y dar una señal de respeto institucional desde el primer día. Si quiere, se anota un poroto con la Corte: solo tiene que mandarlo al recinto, no están los votos y queda descartado definitivamente. También, puede ser, le da a Milei una herramienta de negociación con la Corte, si es que necesita negociar algo... no parece muy estratégico todo esto”, dijo a TN otro diputado opositor que integra la comisión de Juicio Político.
“Bueno, Milei puede tener los dictámenes ahí colgados, listos, sería bueno que saquen a estos jueces, también lo van a querer joder a él”, opinaron del lado oficialista.
Por lo pronto, esta última semana, quien será el futuro ministro de Justicia del gobierno de Milei, Mariano Cúneo Libarona, se reunió con los miembros del máximo tribunal. Ese mismo día, horas más tarde, consultado por el periodista de TN Javier Lozano, el futuro titular de la cartera judicial afirmó: “Ese juicio político no tiene andamiaje, ni factico ni jurídico, es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Es infame y tiene que terminar”.
En su entrevista con A Dos Voces, el propio Milei prometió desactivar el proceso si era necesario. El kirchnerismo podría darle el martes la herramienta para hacerlo apenas asuma su gobierno.
