Los vientos electorales impactan en el Congreso y cosas que parecían seguras antes de una elección pueden quedar en duda luego. Con Sergio Massa metido en el balotaje y chances de llegar a la presidencia, en el oficialismo se abrió en las últimas horas una discusión interna: qué hacer con el juicio político a la Corte Suprema, un proceso de diez meses de debate en comisión que el kirchnerismo busca concluir este mes.
Con la oposición preparada para el choque, hay posturas encontradas en la bancada oficialista frente a un tema que podría impactar no solo en la campaña del ministro, sino en un eventual nuevo gobierno.
El 11 de octubre, en la previa de la primera vuelta del 22, la comisión de Juicio Político, con mayoría oficialista, aprobó los cargos (mal desempeño de sus funciones, manifiesta parcialidad, arbitrariedad, desvío y abuso de poder) contra los miembros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y notificó luego a los magistrados, para que puedan hacer su descargo.
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Los jueces tienen, según se informó, hasta este jueves 2 de noviembre para realizar su descargo por escrito o podrían asistir personalmente a la reunión de la comisión prevista para el martes 7 de noviembre. También, para el caso, podrían no realizar ningún descargo.
En el máximo tribunal no adelantaron posición, pero en las últimas horas fuentes judiciales y parlamentarias recordaban por igual que, hasta ahora, los jueces entendieron que se trata de una cuestión política y evitaron intervenir.
Al confirmar que los jueces habían sido notificados y se les había enviado toda la prueba producida en su contra, en la presidencia de la comisión, que encabeza la diputada de Frente de Todos Ana Carolina Gaillard, se informó que, cumplido el plazo para el descargo de los magistrados, la intención de los diputados oficialistas era aprobar el dictamen de acusación dentro de las dos primeras semanas noviembre.
Es decir, dejarla lista para ser tratada en el recinto, donde se necesitan dos tercios de los diputados presentes en una sesión para su aprobación (número que el oficialismo no conseguiría a menos que existiera una negociación amplia con bloques de la oposición que se han manifestado en contra) y enviarlo al Senado, que es la cámara que en los hechos lleva adelante el juicio a partir de la acusación.
Sabiéndose sin las mayorías necesarias en el recinto de la Cámara Baja, el FdT pretendía avanzar de todos modos, como señal política en sí misma, pero además con la perspectiva de que, quizás, en un futuro, “cambien los tiempos políticos” y se generen las condiciones para tratarlo. La elección de octubre dejó al oficialismo con chances de alcanzar la presidencia, pero seguirá lejos de siquiera poder negociar los dos tercios en Diputados para algo así.
Hasta ahora, no había sido confirmado formalmente la reunión para el 7 de noviembre, ni se había notificado a los diputados opositores que integran el cuerpo. “Por ahora la comisión sigue trabajando y se mantiene la reunión del 7 de noviembre. Y después habría una más antes del balotaje para dictaminar”, aseguraron en el entorno de Gaillard.
“El viernes anterior al balotaje a más tardar se tiene que presentar el dictamen, no hay nada para después de la elección”, ratificaban, en el mismo sentido, voceros de un legislador K que integra la comisión.
En cambio, en el sector del massista Frente Renovador que integra el bloque oficialista y que conduce, con Cecilia Moreau como presidenta, la cámara de Diputados, advirtieron: “No hay fecha para dictamen. Si Sergio propone un gobierno de unidad nacional, si plantea que hay que componer desde el 10 de diciembre… probablemente haya que trabajar para llevarnos todos bien”.
También en la oposición había dudas respecto a la posibilidad de que el oficialismo finalmente decida avanzar, al menos en lo que sería la última semana de campaña antes del balotaje, con un dictamen sobre un tema polémico.
“No sería por convicción, pero si no nos darían letra a nosotros que tenemos que salir a matarlos. Además, sea Massa o Milei el que gane, sería un problema para gobernar. Asumir un gobierno con un juicio político a la Corte con estado parlamentario es una pésima señal de seguridad jurídica sobre todo cuando tenés que salir a buscar inversiones y financiamiento”, señaló uno de los referentes de JxC que participan de la discusión en comisión.
