El Poder Judicial parece dispuesto a meterse en el barro en plena campaña rumbo a las elecciones. Con pocos días de diferencia, la Corte Suprema y la Cámara de Casación hicieron señalamientos muy importantes, de alto contenido político. Uno vinculado al proyecto Javier Milei para dolarizar la economía y otro respecto de las causas de corrupción que salpican a Cristina Kirchner.
La advertencia para Milei vino de parte de Horacio Rosatti, pero no en nombre del máximo tribunal, la institución que preside; sino a título personal. Dijo que “si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional”.
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Es decir, señaló que la Constitución exige que el Congreso sea el que fije el valor de la moneda y que haya una moneda nacional emitida por un banco en suelo argentino. De todas formas, Rosatti dejó la puerta abierta al bimonetarismo o a la existencia de una canasta de monedas con la que el peso pueda sobrevivir.
Si bien cuestionó la “emisión descontrolada” de pesos, es una novedad que Rosatti ataque a Milei respecto de una de sus principales propuestas, como lo es la dolarización.
A partir de esta situación, cualquiera podría preguntarse si la Corte no está incurriendo en un tema político. Pero en definitiva, son los jueces los que terminan interpretando la Constitución, y Rosatti no hizo más que recordar algo que ya había planteado en sus fallos y sus libros.
Otro de los señalamientos vino de la Corte Suprema en su totalidad, al rechazar una impugnación a la “Ley del arrepentido”. Así, la causa de los Cuadernos de la corrupción no tiene ningún obstáculo para seguir avanzando. Fue una forma de decirle a los jueces que investiguen y no se escuden en la posible inconstitucionalidad de la ley del arrepentido.
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Ahora, claro, todo dependerá del ritmo que los jueces decidan imponerle a esa causa: se sabe que en la Argentina las causas por la corrupción demoran décadas y se van diluyendo en el tiempo. Pero con la Ley del arrepentido hubo muchas confesiones y es insólito que a esta altura, después de tantos años, todavía no se condenara a nadie.
El tercer señalamiento salió de la Cámara de Casación, vinculado con Hotesur-Los Sauces y memorándum con Irán, dos causas que Cristina Kirchner no quería que se reabrieran.
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Vale recordar que, para protegerse, la Vicepresidenta quería volver a instalar en la cámara a la jueza Ana María Figueroa. Pero la Cámara de Casación, sin darle a tiempo a CFK para que reinstale a Figueroa (después de que la Corte la corriera), se apuró y salió a decir que esas causas tienen que ser juzgadas, anulando los dos sobreseimientos.
En este contexto, se abre una puerta de incertidumbre en el ocaso político de Cristina Kirchner. Si bien esos juicios orales van a tardar uno o dos años en poder comenzar, estos van a ser llevados adelante cuando ella posiblemente ya no esté en el poder, sino en franco declive.
