Investigado por 10 delitos y con ocho procesamientos encima, este miércoles, el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, enfrenta un juicio oral junto a otras 28 personas en el que se lo acusa de liderar una banda que cobraba coimas para favorecer a distintos imputados al disminuir sus condenas.
El de asociación ilícita no es el único delito que pesa sobre las espaldas del juez. También está acusado de enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica.
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Entre los acusados que acompañan a Bento también se encuentran su esposa y dos de sus hijos. Además de abogados, policías, contrabandistas y narcotraficantes.
El juicio tenía fecha inicial para el 22 de febrero pasado, pero se pospuso por cinco meses debido a que los magistrados mendocinos se excusaron de participar del proceso. Eso derivó en que el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza tuviera que buscar jueces en otras provincias.
El tribunal que tiene a cargo el juicio oral a Bento está compuesto por tres mujeres: Gretel Diamante y María Carolina Pereira (ambas de San Luis) y Eliana Rattá (San Juan).
El puesto que ocupaba el magistrado es uno de los más relevantes y claves de Mendoza, ya que, por un lado, tenía a su cargo las causas vinculadas al crimen organizado y, por el otro, estaba encargado de la justicia electoral.
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En paralelo al comienzo del juicio oral, Bento aguarda la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, luego de que el 31 de mayo fuera suspendido en su cargo y enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones.
La medida del Consejo de la Magistratura fue avalada en ese entonces por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, los representantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y los demás miembros. Las únicas disidencias, en determinados puntos de la acusación, fueron de parte del juez Alberto Lugones.
No se trata de un aspecto menor para Bento, ya que en caso de ser destituido también significaría la pérdida de sus fueros a raíz de que dejaría de gozar de su condición de magistrado. Eso podría derivar en una inmediata detención debido a que los procesamientos contemplan la prisión preventiva.
