Luego de dos meses y medio sin tratar ni aprobar ningún proyecto legislativo, la Cámara de Diputados vuelve a sesionar y, con la campaña electoral ya lanzada, se espera algo de tensión en el recinto. El oficialismo y un sector importante del radicalismo buscan avanzar con una iniciativa de alivio para los deudores de créditos UVA. Pero JxC presionará para instalar la reforma de la Ley de Alquileres -que cumplió 3 años y hace 2 se discute su modificación- en el centro del debate.
La sesión fue solicitada por una docena de diputados oficialistas encabezados por el jefe de la bancada, Germán Martínez, pero también fue conversada previamente con distintos sectores de la oposición, como anticipó TN la semana pasada, y tuvo quorum al conseguir 130 legisladores, uno más que los necesarios para habilitar la sesión.
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El proyecto para ayudar a los deudores de los créditos hipotecarios otorgados durante el Gobierno de Cambiemos no será el único en discusión, pero sí el que más ruido genere. La iniciativa -que propone que la cuota a abonar no supere el 30% de los ingresos de los deudores, habilita deducciones impositivas y crea un Fondo Compensador- obtuvo dictamen de mayoría hace tres semanas y uno de sus impulsores fue, además del oficialismo, Julio Cobos, de la UCR.
Pero otro sector de la UCR, el PRO, y en la propia CC consideran que, en primer lugar, no debería aprobarse un alivio para deudores que sí lograron acceder a una propiedad, créditos que mostraron menos del 2% de morosidad según datos oficiales, si aún no se ha resuelto el problema de los alquileres, que afecta a la mayoría de las personas.
Por otra parte, hay quienes entienden, fundamentalmente en el PRO, que solo habría que aprobar proyectos que tengan acuerdo total o muy amplio, o esperar hasta después de las elecciones cuando se sepa quién estará al frente del Gobierno nacional desde el 10 de diciembre.
Habrá quorum, pero la coalición opositora también buscaría realizar su propia jugada. Según indicaron fuentes parlamentarias, Juntos por el Cambio tiene previsto, una vez comenzada la sesión, solicitar un apartamiento del reglamento y pedir la incorporación al temario de los dictámenes aprobados de reforma de la Ley de Alquileres: fueron dos, uno oficialista que no modifica plazos ni formas de actualización, y uno de la oposición que sí.
También podrían solicitar el tratamiento de otras iniciativas, como la de la diputada Karina Banfi que apunta a transparentar y regular las actividades de la Primera Dama y el uso de fondos públicos, que algunos en la Cámara bautizaron “Ley Fabiola”.
Para incluir un proyecto en el temario se requieren dos tercios de los votos. Es decir, la oposición sabe que no cuenta con ese número, pero podría forzar la votación para de alguna forma dejar en evidencia el rechazo oficialista a modificar la Ley de Alquileres, mientras los aumentos llegan al 100%.
Se prevé que el proyecto de alivio para los créditos UVA sea aprobado por mayoría, pese al rechazo y la abstención de los halcones de Juntos por el Cambio.
Pero, como se dijo, no sería el único proyecto en discusión este miércoles. En el temario también se destacan otros que serían aprobados sin grandes inconvenientes:
- El Plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
- La Ley Olimpia: surgió de los proyectos de la oficialista Mónica Macha y la Danya Tavela (Evolución) y modifica la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tipifica como delito la figura de la “Violencia Digital o en Línea” que se ejerce a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que supone la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual.
- Producción Orgánica: crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal.
