A pesar de que el Gobierno mantiene un discurso de “recuperación” de las capacidades de Defensa, y de que en octubre de 2020 se sancionó la Ley 27.565 que creó el Fondo para la Defensa (Fondef), en este 2023 la Argentina alcanzó su piso histórico en cuanto a inversión en ese sector estratégico.
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El recorte fue exacerbado por una decisión administrativa del pasado 29 de abril, publicada en el Boletín Oficial el viernes 5 de mayo, a través de la cual se decidió la modificación de gran parte del Presupuesto nacional y la ampliación del mismo.
Más allá de que no se asignaron fondos para Defensa, se estableció que “el Estado Mayor General de la Armada reduce su presupuesto vigente financiado con crédito externo”. En los hechos representa 156.310.000 pesos (unos 670.000 dólares) en crédito externo que estaban previstos para compra de equipamiento.
Según oficiales de la Armada, esta reducción afecta directamente el plan para volver al servicio a los aviones Super Etendard, que demandan de repuestos para los asientos eyectables.
La decisión se da en momentos en que tampoco se está cumpliendo el flamante Fondef, cuya ley establecía que para 2023, además del presupuesto de Defensa (lo que se llama Jurisdicción 45 en la Ley de Presupuesto), se debían destinar para “la recuperación, modernización y/o incorporación de material” el 0,8% de los ingresos corrientes del estado, los cuales, según las estimaciones de ingresos del Ministerio de Economía, deberían ser 177.738 millones de pesos (unos 776 millones de dólares al tipo de cambio oficial).
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Sin embargo, según el medio especializado Pucará Defensa, en la ley de Presupuesto 2023 solo se asignan para el Fondef un total de 16.000 millones de pesos (unos 69 millones de dólares al cambio oficial); pero, además, se hace dentro del presupuesto del ministerio de Defensa, empleando para ello el Programa 18 “Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa”, que ya existía antes de la creación del Fondef.
Según el SIPRI, una de las mayores entidades globales que analiza presupuestos de Defensa basada en Estocolmo, Suecia, en 2022 la Argentina destinó solo un 0,4% de su PBI en Defensa, cuando se recomienda manejar valores de entre 1,5 y 2%.
Para 2023, teniendo en cuenta un PBI que estará en el orden de los 440.000 millones de dólares y un presupuesto de Defensa de 545.000 millones de pesos (unos 2300 millones de dólares), la inversión en este sector estará nuevamente entre el 0,4 y el 0,5%, en los valores más bajos de la historia.
Esta realidad ha llevado a que, a pesar de los anuncios, prácticamente ninguno de los programas prioritarios de reequipamiento de las Fuerzas Armadas haya logrado avanzar en estos años: solo se efectuaron pequeñas adquisiciones, en muchos casos de material usado.
Esto ha significado que la Fuerza Aérea no pudo comprar aviones de combate para proteger el espacio aéreo; el Ejército no reemplazó sus viejos helicópteros Huey, que tienen ya más de 60 años, ni modernizar sus tanques ni comprar blindados a ruedas.
La Armada, por su parte, sigue esperando para reemplazar su flota de submarinos, que dejó de existir con el hundimiento del ARA San Juan, hace seis años. Tampoco ha podido modernizar su flota de superficie, que data de los años 80.
Todo esto en un escenario en donde crece la presencia de pesqueros extranjeros en las 200 millas del Mar Argentino, la actividad de vuelos ilegales y en un mundo cada vez más inestable, en donde la necesidad de los estados de dar seguridad a su población se vuelve cada vez más importante.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, desde el Ministerio de Defensa salieron a aclarar que los datos utilizados por el organismo SIPRI corresponden al año 2021. “No representan la ejecución de esta cartera durante 2022″, dijeron.
Mediante un comunicado, las autoridades informaron que en la medición que realizó el organismo “no se incorporó la totalidad de los incisos que forman parte del presupuesto de la jurisdicción, dejando por fuera al inciso 6 que representa gran parte del gasto destinado a FONDEF, así como también el iniciso 7 que corresponde a los juicios pagados y que solo en 2022, representó un total de más de 65 mil millones de pesos”.
Por último, explicaron que “esta política llevada adelante por el gobierno con dos iniciativas claves como la regularización de haberes y la jerarquización salarial apuntan al desarrollo profesional de las FFAA y a mejorar su bienestar, no solo en materia de ingresos sino también en las prestaciones de salud y previsional. El gasto total devengado en 2022 fue de $656.927.499.580,22. En consecuencia, si se toman en cuenta estos incisos, el porcentaje del gasto en defensa sobre el PBI representó en el año 2022 un 0,8%”.
Con la colaboración de Santiago Rivas, periodista especializado en Defensa.
