El crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza puso arriba de la mesa un problema que el Gobierno no logra resolver: la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie.
Esta semana se conoció un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés que revela datos demoledores. Apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país.
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El estudio preparado por una de las más prestigiosas casas de estudios de la Argentina contrasta violentamente con la percepción que el gobierno tiene sobre la realidad. “La Argentina sigue siendo uno de los países que más ha crecido y que sigue teniendo más posibilidades de crecimiento para este año”, dijo hace un mes la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti. Y agregó: “Todas las variables macroeconómicas que influyen en la inflación están muy bien”.
Lo cierto es que eso no es precisamente lo que se percibe en la opinión pública. Un número contundente imposible de esmerilar: 9 de cada 10 encuestados cree que las cosas están mal en la Argentina.
“¿Y qué querés que hagamos? Estamos en un año electoral. No podemos matar las escasas expectativas que existen. Hay que salir a bancar al Gobierno”, reconoce un dirigente político que integra la mesa chica de Alberto Fernández. “Cerruti y otros que salen a hablar habitualmente hacen su trabajo”, agrega, mientras extiende sus brazos hacia los costados y hace un silencio que dice más que mil palabras.
El crimen del colectivero generó un cimbronazo multiforme en el Frente de Todos. Por un lado, puso a tope de la agenda pública el profundo estado de interna en que se encuentra la alianza oficialista. Tal es el caso de la feroz pelea entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (sostenido políticamente por Cristina Kirchner) y el Presidente. Por el otro, las consecuencias de las batallas políticas puertas adentro del Gobierno traducidas en enormes fallas de gestión en áreas sensibles: economía y seguridad.
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Todo aquello llevó, tanto al Gobierno nacional como al de la provincia de Buenos Aires, a tejer una estrategia política de corrimiento de focos de atención. Esto es: a lanzar una agresiva campaña comunicacional cuyo objetivo fue sostener la atención pública en torno a las agresiones que el ministro Sergio Berni y no sobre la cuestión de fondo, es decir, el brutal asesinato del chofer en un área geográfica que el peronismo gobierna desde hace 40 años.
“No nos queda otra. Hay que taparse la nariz y seguir hablando del pobre Berni (sic)”, dice y ríe un estratega comunicacional del Frente de Todos. “Igual la gente no es boluda (sic). Nosotros estamos con nuestra idea, pero la realidad nos termina tapando”, agrega. “La inseguridad y la crisis económica son hechos incuestionables, hagas lo que hagas en materia comunicacional”.
Es que la realidad se ha vuelto incontrastable para el oficialismo. Y la preocupación ya es inobjetable, más allá de las expresiones públicas de la portavoz Cerruti.
El estudio de la Universidad de San Andrés evidencia algo que el sentido común vocifera a diario: inflación e inseguridad son los problemas principales de los argentinos. El 59% de los encuestados manifestó preocupación central por la suba de precios. 36%, por la inseguridad. Es importante destacar que las preocupaciones no se eximen unas a otras.
En la Casa Rosada son conscientes de eso. Y saben que la cosa es así a punto tal de considerar con extrema preocupación el impacto electoral que tendrán estas percepciones. De hecho, el mismo análisis de opinión pública remarca que la desaprobación de la gestión de gobierno es brutal: el 81% de los encuestados cree que la gestión de Alberto Fernández es mala.
