En las últimas horas hubo avances en la causa que investiga el presunto espionaje y robo de identidad del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el marco de la divulgación de chats privados. La investigación incluye también la vulneración de la intimidad del diputado nacional Diego Santilli y dos de los jueces que condenaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
En este sentido, la Justicia porteña ordenó este martes una serie de allanamientos en Eldorado, Misiones, contra quienes serían los autores materiales del hackeo de los teléfonos de los funcionarios mencionados. La fiscal, además, requirió el secuestro de los dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra investigada.
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los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones. Los sospechosos identificados durante la investigación son Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro -padre e hijo-, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado; todos de nacionalidad paraguaya.
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Semanas después de la difusión del contenido de un teléfono celular de D’Alessandro -quien a la fecha está de licencia y sería reemplazado por Eugenio Burzaco- la fiscal Dupuy determinó que los hackers estaban en Misiones, activaron chips en Eldorado y tenían recursos para ocultar sus huellas.
Es preciso señalar que un informe elaborado por peritos de la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que la filtración de conversaciones del teléfono del funcionario porteño se realizó a través de una técnica de hackeo conocida como SIM Swapping, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo, sin el consentimiento de su titular.
Según el documento al que accedió Infobae, mediante un trámite con la empresa prestadora del servicio, alegando robo o pérdida del teléfono, y utilizando información de la víctima, como su DNI, domicilio y hasta datos generales de su familia, se puede acceder a las aplicaciones de mensajería que el usuario utilice, como Telegram o Whatsapp. Es preciso destacar que, en general, se trata de precisiones que son de dominio público.
Una vez en control de la línea, es posible descargar las aplicaciones de mensajería que utiliza el usuario hackeado. Luego, cuando la app es descargada en el nuevo teléfono, pide para su instalación un código que es enviado por mensaje de texto, que al tener posesión de la línea, lo reciben directamente y lo ingresan. A partir de allí ya cuentan con acceso al historial de mensajes en la aplicación.
Según la información judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, solicitó la realización del exhorto ante la jueza María Araceli Martínez para que el Juez con competencia en lo Penal en la localidad de Eldorado, ordene el allanamiento de quienes podrían estar vinculados al robo de la línea telefónica y manipulación de conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.
