Luego del ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza para Lionel Messi, el gobierno nacional habilitó a las fuerzas de seguridad santafesina a utilizar el Sistema de Identificación Segura y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación con el fin de “brindar apoyo a la política de seguridad en la provincia”.
Ante esta situación, las autoridades porteñas cuestionaron a la Nación, ya que se trata de un mecanismo similar que fue suspendido en la Ciudad de Buenos Aires por un presunto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas.
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El viernes, veinticuatro horas después del incidente, el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, se reunió con el gobernador santafecino, Omar Perotti. En el encuentro, del que también formó parte el jefe de gabinete nacional, Agustín Rossi, firmaron el primer convenio con una provincia para la aplicación de esta tecnología, desarrollada por el Renaper.
Mediante el uso de este sistema, los efectivos provinciales podrán realizar la “identificación biométrica inmediata y segura” de prófugos o personas con antecedentes penales. En esta primera etapa, el Ministerio de Interior otorgará financiamiento para la instalación de cámaras de vigilancia de última generación en la vía pública, permitiendo el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura en la vía pública en Rosario.
En ese contexto, fuentes de la administración porteña señalaron a TN que la crítica al oficialismo no tiene que ver con el uso de esa herramienta en sí misma, ya que están a favor de utilizarla, sino con su “utilización política”.
“Es un sistema que contrasta con una base de personas que tienen pedido de captura y ahí salta la alarma. Lo implementamos y con muy buen resultado, después se suspendió y estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia nos deje usarlo. Gracias a eso, en algunos meses pudimos detener más de 1600 delincuentes que estaban prófugos”, explicaron.
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Sin embargo, criticaron la “doble vara” con la que actúa el Gobierno y mencionaron la disputa por la implementación de las armas de electrochoques: “No nos dan las autorizaciones a las Taser, pero ellos compran Taser. Mientras metieron obstáculos con este sistema, ahora se lo habilitan a Santa Fe. Es puro cálculo político. Cuando se ven expuestos y se puede expandir a su electorado, empiezan a tomar alguna medida, pero la realidad es que no les importa”.
En este sentido, el propio Rodríguez Larreta arremetió contra la Nación por el manejo de la situación en Santa Fe. “Acá el problema es el Presidente”, dijo en declaraciones radiales. “Si la Fuerza Federal no está para una situación desbordada como la de Rosario entonces no sé para que están”, indicó el jefe de gobierno porteño.
El conflicto porteño con la Justicia por el sistema de reconocimiento facial
Los datos biométricos son rasgos individuales únicos, como las huellas dactilares, que se pueden utilizar para automatizar y verificar la identidad. En líneas generales, sirven para identificar digitalmente a una persona y de esta forma otorgar acceso a sistemas, dispositivos o datos.
A mitad de 2022, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo tras detectar un presunto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas.
La resolución fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo. El magistrado ordenó, además, una serie de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano.
El juez Gallardo señaló que el denominado Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, entre otros.
