Entre cruces, denuncias y testimonios, el juicio político contra la Corte Suprema continua su trámite en el Congreso. Como novedad, en la última reunión de comisión en Diputados, Juntos por el Cambio denunció públicamente la ilegalidad del debate y se retiró. Sin embargo, un grupo de legisladores regresó más tarde a confrontar con el oficialismo. La oposición define ahora cómo se parará frente al proceso contra el máximo tribunal, que durará meses, y evalúa dejar solo una “guardia mínima” de control que choque con el Frente de Todos.
La comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que preside la oficialista Carolina Gaillard, ya comenzó con la etapa de citación de testigos. La semana pasada declararon jueces federales y funcionarios judiciales de la Corte Suprema. Además, el oficialismo hizo valer su mayoría y aprobó convocar al fiscal Carlos Stornelli, quien fue el fiscal del caso de los Cuadernos de las coimas durante el Gobierno K.
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Pero antes, apenas iniciada la última reunión, Juntos por el Cambio, a través del jefe de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López presentó un escrito y denunció la ilegalidad de todo el proceso. La oposición acusó al oficialismo de violar garantías de acusados y testigos y de haber convertido a la comisión de Juicio Político en “una comisión de espionaje ilegal”.
Entre otras cosas, el Frente de Todos pretendía, sin requerir la autorización de un juez, darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) -que depende de la Corte Suprema y está a cargo de las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia-para acceder al registro de llamadas telefónicas de un grupo de funcionarios, incluidos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, hoy de licencia.
Del total de 31 miembros que conforman la Comisión de Juicio Político, el Frente de Todos cuenta con una mayoría de 16 diputados, Juntos por el Cambio con 14 y el Interbloque Federal con uno. Con lo cual, el oficialismo tiene mayoría para aprobar todo lo que se proponga. Sin embargo, finalmente, accedió al reclamo opositor para que el registro de llamadas solo sea otorgado previa autorización de un juez federal, que deberá ser sorteado.
“Vamos a ver caso por caso como continúa este proceso. No podemos confiar en la palabra del Frente de Todos. Algunos de nosotros vamos a estar en la comisión si hay algún testigo que está siendo hostigado”, anticipó Juan Manuel López el jueves pasado.
La estrategia tuvo un pionero: días antes de la última reunión, el único miembro de la comisión que no integra ni el FdT ni JxC, Alejandro “Topo” Rodríguez, había tomado una decisión similar. “Seguiremos en detalle todo el proceso en tiempo real. Estaremos presentes en la sala de la Comisión cuando resulte necesario adoptar decisiones y nos vamos a seguir plantando en contra de esta embestida política que solo busca paralizar la Justicia”, dijo el presidente del Interbloque Federal.
En Juntos por el Cambio conviven dos posiciones. Algunos diputados del PRO y la UCR consideran que seguir participando de las reuniones de comisión implica darle legitimidad al juicio político contra la Corte y “hacerle el juego” a la agenda oficialista.
Otros, sobre todo en la Coalición Cívica -que además sostiene el juicio contra Ricardo Lorenzetti- entienden que es necesario participar para objetar irregularidades, dar garantías a los testigos y dejar todo asentado por si luego el proceso termina bajo la lupa de la justicia penal. “Siempre que la oposición abandonó, ellos hicieron tropelías. Hay que tener cuidado”, advirtieron en el partido de Elisa Carrió.
