La 9 de Julio, a la altura de la sede del Ministerio de Desarrollo Social, volverá a repetir la postal de cortes y acampes este miércoles 15. La decisión fue comunicada por Unidad Piquetera luego de infructuosas negociaciones con la ministra del área, Victoria Tolosa Paz, por la suspensión y baja de 155.000 planes Potenciar Trabajo.
Desde los sectores de izquierda apuntan a un “proceso de ajuste” que viene encarando el Gobierno desde hace unos meses, mientras que la propia ministra ha defendido varias veces la medida argumentando que se está realizando un “proceso de revalidación”.
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Sin embargo, las organizaciones vienen denunciando hace tiempo que buena parte de los beneficiarios suspendidos no pudieron acceder a la auditoría, que se realizó de forma virtual.
La última vez que Unidad Piquetera se había movilizado por el mismo reclamo fue el pasado 25 de enero que inició a las 14:00 en el Obelisco y luego se dirigió para la Avenida 9 de Julio e Independencia.
El origen del conflicto por los planes Potenciar Trabajo
Tolosa Paz anunció a mediados del mes pasado la suspensión de 154.441 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que no validaron sus datos de manera digital antes del 15 de enero, tal como la había establecido el organismo. Según dijo la funcionaria en la respectiva conferencia de prensa, se iba a “liquidar en un 50% en enero”, para que puedan iniciar los reclamos quienes todavía no hayan realizado el trámite, pero la liquidación de febrero ya no la percibirían.
De acuerdo a lo que informó en ese entonces la ministra, 1.210.571 beneficiarios del Potenciar Trabajo habían logrado validar su identidad, de los cuales el 65,7% son mujeres. “Esta información nos va a permitir con toda la fortaleza direccionar el esfuerzo presupuestario para llegar a los hogares más pobres”, dijo.
Fue una de las condiciones de egreso y permanencia en el Potenciar Trabajo que el Gobierno había acordado a fin de año con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Grieta en los movimientos sociales
Desde que se anunció la baja en los planes Potenciar Trabajo, el impacto también dividió a los movimientos sociales. La Unidad Piquetera, que integran agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otras, acusa a las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP de verse beneficiadas con los fondos que el Estado nacional se ahorra con la reducción de planes.
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En tanto, los movimientos sociales que integran el Frente de Todos llegaron a un acuerdo con el Ministerio a fin de año, en la que negociaron mayor asistencia y frenaron las movilizaciones contra su propio Gobierno. Luego, cuando la cartera social anunció que se había suspendido a 154.441 beneficiarios del Potenciar Trabajo, no hubo grandes críticas desde esas organizaciones.
La UTEP incluye a organizaciones como el Movimiento Evita que encabeza Emilio Pérsico, Somos Barrios de Pie que lidera Daniel Menéndez, la CCC que conduce Juan Carlos Alderete y el MTE de Juan Grabois. Los cuatro movimientos tienen a sus líderes o a referentes en áreas clave del Ministerio de Desarrollo, que están a cargo del movimientos de fondos del Potenciar Trabajo y para las cooperativas.
