El Gobierno nacional oficializó la decisión de entregar más de 25.000 hectáreas a las comunidades mapuches, a través de la Resolución 47/2023 que se publicó en el Boletín Oficial. En este escenario, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, advirtió que recurrirá a la Justicia para frenar la determinación del oficialismo.
Este viernes, se concretó la cesión de 21.000 hectáreas a la comunidad Lof El Sosneado -en el distrito sanrafaelino que lleva el mismo nombre- y otras 3.500 a Lof Suyai Levfv, ubicado en la localidad de Los Molles, Malargüe. En ambos casos, desde la provincia apuntan que no está determinado si son comunidades. Es que, advierten, ni siquiera tienen personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI), un requisito fundamental en el reconocimiento.
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En rigor, según un informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, dentro de estas áreas se ubican varios pozos de petróleo no convencional que forman parte del lado mendocino del yacimiento Vaca Muerta. Concretamente, hay dos zonas comprometidas con la actividad petrolera: en una hay 23 pozos explotados por la empresa provincial mendocina EMESA y la otra contiene en su suelo 30 pozos de gran valor económico.
En este sentido, Suarez sostuvo que “allí se está desarrollando una inversión millonaria destinada a las actividades de exploración y producción por parte de YPF” y denunció la “intencionalidad política” del Frente de Todos de “perjudicar a Mendoza”. Así, el gobernador anticipó que hará presentaciones judiciales ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ante la Justicia.
“La situación es grave, no solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque deja en descubierto los intereses por dominar los recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo y las inversiones proyectadas”, concluyó el gobernador en una serie de tuits donde también mostró los mapas de las zonas en conflicto.
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La escalada del conflicto
El conflicto escaló el último lunes, cuando nuevamente el Gobierno de Alberto Fernández emitió una resolución para oficializar otra ocupación mapuche: se trata de Lof Limay Kurref, asentado en más de 4.000 hectáreas también en Los Molles, Malargüe. En este caso, sí cuentan con personería jurídica.
Ese mismo día, el propio gobernador instruyó a las autoridades provinciales para que realicen los procedimientos necesarios con el fin de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales por las cuales se le otorgan tierras en el sur medocino a comunidades mapuches. El mandatario lo solicitó “de manera urgente” en una nota enviada al asesor de Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet.
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A su vez, planteó que los actos administrativos para entregar las tierras fueron ejecutados “sin ninguna intervención ni participación de la Provincia de Mendoza”, e insistió que “el resultado de la vigencia de los mismos afectará gravemente el patrimonio de la provincia”.
Al día siguiente, diputados nacionales de Mendoza presentaron un proyecto por el cual solicitaron que el Gobierno Nacional, a través del INAI, brinde detalles sobre el reconocimiento de la ocupación de tierras.
