Mientras el Gobierno se prepara para anunciar la segunda etapa del programa Precios Justos, un grupo de piqueteros se sumará a Camioneros en los controles de precios.
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Se trata del Movimiento Popular La Dignidad, conducido por el exfuncionario de Desarrollo Social Rafael Klejzer, que informó en un comunicado que comenzará a “fiscalizar precios y abastecimiento de productos” en supermercados de la Ciudad y el Conurbano.
“Vamos a hacer un primer relevamiento independiente en diferentes cadenas supermercadistas para comprobar si los productos acordados en el programa de Precios Justos se encuentran en góndola”, explicó Klejzer, también referente de la UTEP, el espacio que conduce Juan Grabois.
Desde la organización aseguran que hay faltantes de alrededor del 50% de los artículos que las empresas acordaron con el Estado: “Notamos que hace unos meses los incumplimientos se registraban en los precios, hoy vemos que lo que no se respeta es el abastecimiento y los consumidores se encuentran en muchos casos con góndolas vacías”, dijo Klejzer.
La noticia se da a conocer tras varios idas y vueltas en los controles que llevan a cabo las organizaciones gremiales. Consultado al respecto en radio El Destape, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo este lunes que “hay más de 20 organizaciones gremiales controlando que cuatro o cinco vivos de los supermercados no aprovechen para encanutar la mercadería y después aumentar los precios”.
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“Nosotros controlamos que si salen diez camiones con mercadería, esa mercadería llegue a la góndola. Lo hacen los compañeros de Comercio, de Alimentación... Se han dicho muchas estupideces. Llegaron a decir que los camioneros íbamos a actuar en los supermercados como las fuerzas de Putin en Ucrania”, sumó.
El dirigente camionero contó además que se reunió con Matías Tombolini y el secretario de Comercio le pidió que “colaboren en los centros de logística” porque habían detectado “irregularidades”.
Los controles motivaron una fuerte polémica en el arco político que derivó en una denuncia de Elisa Carrió contra Tombolini, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. Incluso, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, anunció que el Gobierno de la Ciudad habilitó el 911, la línea que se usa para situaciones de emergencia y de inseguridad, para que “los comerciantes denuncien a sindicalistas de Camioneros que vayan a controlar precios”.
La semana pasada, la saga continuó de la mano de dirigentes de Somos Barrios de Pie, la organización social oficialista que lidera Daniel Menéndez, que repartieron folletos para explicar cómo funciona la app para denunciar incumplimientos en los denominados “Precios Justos” en supermercados y comercios en 25 puntos de toda la Costa Atlántica.
