El 2023 será un año especialmente conflictivo para la relación entre el Poder Judicial y la política. El próximo miércoles 1 de febrero, con el fin de la feria judicial, la Corte Suprema volverá a su funcionamiento habitual, mientras el Gobierno ya avanza en el Congreso con un juicio político contra sus cuatro miembros, un proceso que durará meses.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tienen pendientes dos fallos clave para la política, en temas que volverán a disparar las tensiones con el oficialismo: la restitución de parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la composición del Consejo de la Magistratura.
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Es, en gran medida, por fallos previos en estos dos temas que el Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, decidió avanzar con el juicio político contra los integrantes de la Corte. El proceso ya comenzó el jueves pasado con una reunión en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cargada de cruces entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno mantendrá en el centro de la agenda su ofensiva contra los jueces, con encuentros semanales en el parlamento.
Por otra parte, el máximo tribunal también tiene en sus manos un recurso de queja por la doble pensión que cobra Cristina Kirchner y tiene pendiente desde el 2021 resolver si reabre el caso Dólar Futuro, en el que la Vicepresidenta fue sobreseída por Casación.
El conflicto entre Nación y CABA por la coparticipación
A fines de diciembre, en una acción sin antecedentes, el Gobierno de Alberto Fernández anunció que no acataría el fallo de la Corte que le ordenó al Ejecutivo nacional restituir una porción de los fondos de coparticipación que le había recortado a la Ciudad de Buenos Aires en 2020, durante la pandemia del coronavirus.
El Presidente informó luego que se le pagaría a la Ciudad con un bono a 90 días. Y al mismo tiempo, a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un reclamo ante la Corte para que suspenda los efectos del fallo, un pedido de revocatoria “in extremis” y la recusación de los jueces del máximo tribunal.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que comanda Horacio Rodríguez Larreta, rechazó el pago en bonos, denunció ante la Corte el incumplimiento del fallo y le reclamó que se “arbitren las medidas necesarias” para hacerlo efectivo.
Los cuatro miembros del máximo tribunal retornarán el miércoles a la actividad y podrían tener una primera reunión informal. En principio, una reunión de acuerdo para el dictado de sentencias recién se daría la semana siguiente. Pero no hay ninguna certeza de que vayan a tomar una decisión por este tema.
En cuanto a los planteos nacionales, fuentes del Palacio de Tribunales conocedoras del funcionamiento de la Corte advirtieron que, por un lado, el máximo tribunal no revisa sus propios fallos y, por el otro, la revocatoria “in extremis” se plantea ante un evidente error material, no para discutir los fundamentos jurídicos de una resolución.
Además, indicaron, las recusaciones (el apartamiento de un juez del proceso) se plantean antes de la finalización de un proceso, no luego del fallo: los propios funcionarios nacionales reconocieron tácitamente la competencia de los magistrados al participar de las reuniones conciliatorias con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Una decisión de la Corte Supremo que, de algún modo, fuerce al Gobierno a cumplir con el fallo y girarle los fondos a la administración porteña, desataría otra ola de cuestionamientos contra los jueces de parte del Ejecutivo nacional, Alberto Fernández, el kirchnerismo y los gobernadores.
En el Gobierno de la Ciudad consideran que su parte ya está hecha: “Ahora está en manos de la Corte y el conflicto es del kirchnerismo con los jueces. ¿Algún funcionario del Banco Nación se va a negar a girar los fondos ante un fallo adverso y arriesgarse a ser procesado por la Corte Suprema?”, se preguntaban en la administración porteña.
La pelea por el Consejo de la Magistratura
El conflicto por el Consejo de la Magistratura es más complejo. En diciembre del 2021, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del 2006 que había reducido el número de miembros del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, y ordenó volver a restituir la composición de 20 integrantes, con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, incluido.
La Magistratura está integrada por representantes de los jueces, abogados, académicos, y por legisladores nacionales. La ley previa al 2006 establecía que “los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.
En el Senado, la mayoría era el Frente de Todos, la primera minoría la UCR y la segunda el PRO. Pero por orden de Cristina Kirchner, la bancada oficialista se dividió, y aunque siguió siendo mayoría, el kirchnerismo ocupó también el lugar de la segunda minoría. Así las cosas, el oficialismo se adjudicó 3 de los 4 representantes de la Cámara Alta en la Magistratura y el PRO, que se quedó sin un lugar, fue a la Justicia a reclamar.
Meses después, justo cuando había que volver a elegir a los miembros del organismo judicial, el máximo tribunal ordenó desplazar del Consejo al senador de La Cámpora elegido por Cristina Kirchner, Martín Doñate. En su lugar debía ir el opositor Luis Juez. Sin embargo, para blindar la nueva designación del legislador kirchnerista, el oficialismo convocó a una sesión en la Cámara Alta y aprobó su nombramiento por mayoría en el recinto -una decisión inédita, ya que los miembros del Consejo no se eligen por votación.
El 2022 terminó en este contexto: la Corte Suprema le tomó juramento a los representantes de la Cámara de Diputados en la Magistratura, pero dejó de lado el juramento de los representantes del Senado hasta que esté resuelta la disputa judicial. Es decir, el máximo tribunal tendría que resolver una vez más si el asiento en el organismo encargado de elegir, sancionar y, llegado el caso, remover a los jueces le corresponde a Martín Doñate o a Luis Juez.
Mientras tanto, el kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) avance no sólo en una reforma de la Corte Suprema, sino también con una reforma del Consejo de la Magistratura. Una decisión que abriría un nuevo y grave conflicto de poderes y en la que el Presidente por ahora no avanzó.
