El presidente Alberto Fernández sigue cosechando repudio tras decidir no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado nacional a restituir fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado bajo el título “Las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Allí, dan por hecho que el Presidente, con el apoyo de la Liga de los Gobernadores “recusará a sus miembros (de la Corte Suprema) y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
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En ese marco, indicaron que la posible recusación sería “tardía e improcedente” y agregaron que “las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material”.
También rechazaron el planteo de que “detrae fondos de las provincias, lo cual es falso” y “que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar”.
Incluso, remarcaron que no se trata de un fallo sin precedentes, “basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”.
“El Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”, cerraron los magistrados del Colegio de Abogados porteño.
A su vez, según señala el diario La Nación, el Club del Progreso, también a través de un comunicado, redactó: “El respeto debido entre los distintos poderes que concurren al sano equilibrio de fuerzas diseñado en nuestra Constitución Nacional se encuentra amenazado por actos unilaterales que bordean los extremos peligrosos de la anomia y la anarquía”. En paralelo, solicitaron que se trate y apruebe la ley de Coparticipación.
Por otra parte, la agrupación universitaria radical, Franja Morada, directamente solicitó la suspensión de Alberto Fernández como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“No respetar un fallo porque no le gusta lo que dispone es incompatible expresamente con el artículo 36 de la Constitución. Esto es un atentado contra el orden constitucional y la vida democrática (art. 226 y 230 del Código Penal entre otros). Bien debería saberlo siendo docente de derecho penal en nuestra Facultad”, expresaron.
“La situación se agrava dado que el mensaje que anticipa la desobediencia judicial viene de la máxima autoridad, la cual es también docente de nuestra Facultad de Derecho. Como estudiantes estamos muy orgullosos de nuestra Facultad y ver cómo el Presidente, siendo profesor, actúa de esta forma nos apena”, añadieron desde Franja Morada.
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Por otra parte, la diputada nacional del espacio Confianza Pública, Graciela Ocaña, que denunció al presidente, al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, por el presunto delito de sedición, advirtió que el lunes podría ampliarla en caso de que no se depositen los fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
“El lunes, si los fondos no están depositados, vamos a ir contra todos, porque no solo están involucrados el Presidente y el jefe de Gabinete, sino los ministros y los gobernadores”, explicó Ocaña en declaraciones a Radio Mitre el último sábado.
Las declaraciones de la diputada fueron en la misma línea que el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: “Tenemos la expectativa de que el lunes se gire el dinero, porque el Presidente no puede dar una orden contraria a lo que dice la Corte. Yo no tengo ninguna duda de que al final del camino esto se va a cumplir. De una manera o de otra, más tarde o más temprano. Puede llevar unos días, esperemos que sea lo más rápido posible”
